León ■ Caja España
El consejo debía velar por las buenas prácticas y «no asumir pacíficamente todo»
Fiscalía y acusaciones inciden en las obligaciones de los consejeros; las defensas recurren a las recomendaciones de las autoridades económicas.
Los informes periciales detallan las consecuencias de las decisiones del consejo de Caja España.
«El Consejo de Administración es el sujeto activo de este delito, debía velar por las buenas prácticas, no tiene por qué asumir de forma pacífica todo lo que digan los órganos técnicos, porque ellos también tienen una obligación de vigilar. No es responsable de ejecutar la contabilidad, pero sí formula las cuentas anuales».
Es una de las reflexiones que el Ministerio Fiscal de León ha presentado ante el Juzgado de Instrucción Número 5, y que respalda la decisión de tomar declaración a los miembros que formaban parte del Consejo de Administración de Caja España el 8 de enero de 2009, cuando se aprobó por unanimidad la refinanciación de los crédito del grupo constructor del entonces presidente de la entidad, Santos Llamas. Una investigación que se inició hace siete años y que lleva casi cinco de proceso de instrucción. Y que llevará mañana a trece de los consejeros de entonces (menos el dirigente popular Fernando Martínez Maíllo, por su condición de aforado) a declarar a los juzgados leoneses.
Los argumentos del Ministerio Fiscal sostienen que «existen indicios suficientes» para encuadrar los hechos en un delito de administración desleal; para lo que se basan en la declaración de los peritos del Banco de España ante el juzgado leonés, que «acredita que se concedieron al que fue su presidente, Santos Llamas, y a las empresas vinculadas a él, préstamos, líneas de avales y refinanciaciones, no sólo con infracción de la normativa vigente del Banco de España y de la propia caja, sino que no se tuvieron en cuenta las más elementales cautelas en la política de riesgos de crédito, causando un perjuicio a la caja de entidad considerable».
Reconoce el informe del fiscal que las actuaciones de los consejeros estaban «jurídicamente reconocidas», aunque apunta que «su actuación supuso una desviación del objeto que debían perseguir», lo que perjudicó a la entidad.
También indica que los problemas financieros de las empresas de Llamas comenzaron en el segundo semestre de 2008 y «motivaron una refinanciación ante la imposibilidad de pagar los intereses» de los créditos concedidos. Sin embargo, en la refinanciación «no se cumplieron los requisitos exigidos en la circular del Banco de España, puesto que no existía certeza de que pudiera hacer frente al calendario previsto, tal y como se refleja en la propuesta de riesgos al Consejo de Administración, sin que se aportaran tampoco nuevas garantías, cubriendo apenas las existencias el 92,3% del riesgo vivo».
Tampoco se cumplieron las políticas de riesgo de la caja sobre el porcentaje máximo de financiación (como máximo un 70% del valor de la tasación del suelo y con aportación de garantías).
El caso es que la refinanciación evitó la calificación de los créditos de Llamas como dudosos, lo que permitió que no dejara sus cargos en la caja y también retrasó «la contabilidad del deterioro» en la entidad. Además la caja no publicó correctamente la memoria de 2009, donde ya debían aparecer los créditos morosos; y pecó de «voluntarista» ante unas previsiones de recuperación económica que no se cumplieron.