PESE AL DESCENSO DE LA LITIGIOSIDAD
La Diputación contrata un servicio jurídico para afrontar una treintena de pleitos
No cuenta con letrado propio y gasta más de 60.000 euros anuales en defensa tras rebajar a la mitad su litigiosidad.
Imagen exterior del Palacio de los Guzmanes, al lado de Botines, sede oficial de la institución provincial. RAMIRO
a. g. Puente | redacción
Cerca de 134,5 millones de presupuesto, una plantilla de 1.158 trabajadores, una litigiosidad que roza en este mandato la treintena de pleitos anuales (la mitad que en el anterior) y no cuenta entre sus empleados con ninguno que tenga funciones de letrado para representar a la institución provincial ante juzgados y tribunales. La contratación permanente de los servicios de abogados ante las demandas que debe hacer frente, obliga a sacar a licitación por la vía de urgencia (con 121.000 euros de presupuesto de salida) de la defensa letrada y representación de la Diputación, el Instituto Leonés de Cultura y los consorcios que preside: Aeropuerto de León y Turismo.
«Debemos ajustarnos a la legalidad y sacar este servicio a concurso», indica el vicepresidente de la institución provincial, Francisco Castañón, quien, no obstante, matiza que se trata de una situación transitoria «porque el objetivo final es sacar la plaza de letrado para que forme parte de la plantilla de forma permanente».
Aunque con el inicio del mandato bajo la presidencia de Juan Martínez Majo bajó considerablemente el nivel de ligitiosidad de la Diputación, para fijar el presupuesto de este contrato (dividido en dos lotes) la institución ha calculado «a tanto alzado» de acuerdo al volumen de trabajo de los años anteriores, la naturaleza de los asuntos, la evolución de estos procesos y los pagos realizados en los tres últimos ejercicios.
Hay que tener en cuenta que en el periodo comprendido entre 2011 y 2015, la Diputación sumó un total de 280 procesos judiciales, 169 de ellos por asuntos relacionados con recursos humanos, es decir, planteados desde su propia plantilla. El gasto entre indemnizaciones y abogados en este tramo de tiempo alcanzó los 758.000 euros, a los que deben añadirse los 3,5 millones con los que tuvo que compensar a la sociedad Ski Golf Resort por el frustrado proyecto residencial en la estación de San Isidro por falta de suministro eléctrico suficiente en la zona. La media actual del mandato en gastos en representación jurídica alcanza los 60.000 euros.
El contrato, según las bases publicadas ya en el BOP, será dividido en dos lotes con un presupuesto inicial de salida de 121.000 euros (iva incluido) por un año de servicio. Así, el primer lote (48.400 euros) englobará la litigiosidad de la Diputación, el ILC y los dos consorcios mencionados centrada en materia de recursos humanos y empleo público (jurisdicción contencioso-administrativa y social): todos aquellos asuntos relacionados con la propia plantilla de la institución provincial.
Y el lote dos (72.600 euros), incluirá el resto de materias por demandas y pleitos planteados desde el exterior de la casa: jurisdicción contencioso-administrativa, tribunales económico administrativos y Tribunal de Cuentas, así como asuntos de civil, mercantil y penal. Además de los pleitos y recursos planteados por el propio personal de la casa, la Diputación debe hacer frente a demandas, entre otras, relacionadas con el Servicio de Recaudación, denuncias civiles, reclamaciones patrimoniales... Entre los juicios pendientes, los más de ocho millones que reclama la Fundación Sierra Pambley como indemnización por los terrenos del Monte Isidro.