El juez desestima el recurso de IU sobre Caja España e insiste en la prescripción

maría j. muñiz | león

El juez titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de León, que lleva el caso del Número 5 por la presunta administración desleal de exconsejeros de Caja España por la reestructuración de créditos a su entonces presidente, el constructor Santos Llamas, ha desestimado el recurso de reforma interpuesto por Izquierda Unida contra su auto de 6 de marzo archivando el caso por considerar los hechos prescritos. Ahora IU (después de que Ecologistas en Acción e Izquierda Abierta, las otras dos acciones populares en el caso, no recurrieran el auto) presentará recurso ante la Audiencia Provincial, como ya hizo en su día la Fiscalía de León. La Fiscalía ya apuntó en su momento que acudía directamente a la Audiencia para agilizar en lo posible los trámites que llevaran a la resolución definitiva del caso.

El juez insiste en su argumentación de que el objeto de las diligencias llevadas a cabo en el juzgado sobre un supuesto delito societario continuado de administración desleal, que habría comenzado el 8 de enero de 2009 y se habría prolongado hasta octubre de 2012, según defienden Fiscalía y acusación; se ha centrado exclusivamente en lo ocurrido en el Consejo de Administración celebrado el 8 de enero de 2009. Y los ex consejeros fueron citados para explicar lo ocurrido en aquella fecha. Las acusaciones, que se remiten a la decisión de la Audiencia de enero de 2017, que rechazó la prescripción de los hechos investigados, señalan también que la prescripción en el caso de Javier García-Prieto (entonces aforado) no puede extenderse al resto del consejo.

El juez insiste en su último auto en que la denuncia realizada por el fiscal el 20 de mayo de 2013 se refería a los hechos ocurridos entre 2009 y 2012 en Caja España, Caja Duero y las entidades sucesivas resultantes de la fusión. Sin embargo, «después de las diligencias periciales sólo se ha citado como investigados a los vocales que asistieron a la sesión del Consejo de Administración del 8 de enero de 2009»,

Para que los acuerdos posteriores «pudieran integrar una unidad delictual inseparable» de este acuerdo, debería establecerse «una unidad de propósito, lo que no sucede en las presentes actuaciones ni puede deducirse de los informes de los técnicos del Banco de España».

Por este motivo no considera ningún acto «distinto al que ha motivado la citación de los investigados», que se realizó transcurridos más de cinco años desde lo ocurrido (el 6 de abril de 2015).

responsabilidad penal

En todo caso, el juez advierte de que durante las diligencias incoadas tanto el juzgado como «las propias acusaciones» sólo se ha considerado procedente «la citación de los integrantes del Consejo de Administración del 8 de enero de 2009, por lo que no parece razonable que se pueda extender su responsabilidad a actos o acuerdos ulteriores, en cuya aprobación no habrían intervenido».

Señala además que todo esto «no contradice los expuesto en el auto de la Audiencia Provincial», que «partía de presupuestos fácticos distintos a los que han perfilado la presente investigación».

Izquierda Unida ya ha anunciado que la próxima semana recurrirá ante la Audiencia.