La Diputación acude a la Junta para elevar su techo de gasto y poder pagar las obras rurales

Las obras de mejora de infraestructuras básicas en 208 municipios de la provincia penden de una decisión de la Junta. Precisamente el año con el plan con más dotación de la historia, 48,5 millones de las arcas provinciales (tres veces más de los 16,3 inicialmente previstos gracias a los remanentes heredados de otros ejercicios), la Diputación se ha topado con el incumplimiento de la regla de gasto. El bloqueo del Plan de Cooperación Municipal no sólo afecta a los ayuntamientos, sino a empresas y sus trabajadores pendientes de las decenas de obras que el mundo rural pone en marcha.

La institución debe elaborar con urgencia el plan económico-financiero obligado para que la Consejería de Economía y Hacienda permita elevar su techo de gasto hasta los 115 millones de euros, de otra manera las arcas del Palacio de los Guzmanes no podrían comenzar a financiar a los ayuntamientos sus obras, una vez que las adjudiquen y contraten y tendrían que esperar hasta febrero de 2019 para recibir el cien por cien de la subvención.

Tras oficializar el interventor que la institución provincial no cumple actualmente con la regla de gasto «al superar el límite para el ejercicio de 2017», fijado en cerca de 78,8 millones de euros, y excederse en algo más de 14,6, con los casi 93,4 en los que ha quedado el gasto computable definitivo del asado año, la Diputación debe actuar con premura para evitar el bloqueo del Plan de Cooperación Municipal. Este año dispondrá de 51 millones en global, el 95% aportado por las arcas provinciales y el 5% restante por los municipios beneficiados por la convocatoria. Según las previsiones iniciales, las obras deben estar contratadas como tope a finales de año y el plazo de ejecución se ha fijado hasta el 30 de abril de 2019.

Ante el acuciante problema, según ha podido conocer este periódico, el presidente de la institución provincial, Juan Martínez Majo, convocó una Junta de Portavoces urgente para explicar a la oposición la situación financiera y la necesidad de pedir autorización a la Junta para elevar el techo de gasto y poder así comenzar a financiar las obras de los pueblos.

Con el plan económico-financiero, la Diputación debe justificar ante la Junta que durante este año y el que viene cumplirá los objetivos y se ajustará a la regla de gasto. Fuentes del equipo de gobierno, aseguran que mantendrán la estabilidad presupuestaria y no tendrán necesidad alguna de acudir a préstamos de entidades financieras.

La situación saneada de las arcas del Palacio de los Guzmanes con la amortización completa de la deuda de la Diputación, prevista para septiembre con la liquidación de los 2,4 millones que quedan, es fundamental para conseguir el visto bueno de la Junta en la autorización para elevar el techo de gasto.

Los remanentes heredados, que superaron los cien millones, posibilitarán que la institución pueda llegar hasta los 115 millones. El plan económico-financiero tiene la respuesta para evitar el bloqueo.