Los sindicatos indagan si el cierre de Vestas es ilegal y no descartan una batalla judicial

Advierten de que hay un vacío en la legislación y el cierre de Vestas se puede considerar «ilegal» porque es una deslocalización que no está contemplada, no hay razones y sería posible una «batalla judicial» a la que los sindicatos no quieren llegar.

Responsables de UGT y CC OO viajarán a Bruselas del lunes al miércoles de la próxima semana para llevar ante la Unión Europea el conflicto surgido en León ante el cierre de la planta de Vestas, multinacional a la que acusan de «mentir», y reclaman al Gobierno central que no cierre un acuerdo con la empresa que sería darle «un cheque en blanco» y atarles a ellos «de pies y manos». Así lo expresaron en rueda de prensa el secretario general de CC OO en Castilla y León, Vicente Andrés; el vicesecretario de UGT en la Comunidad, Evelio Angulo; y los responsables de las federciones de Industria de ambos sindicatos, Gonzalo Díez Piñeles (CC OO) y Miguel Angel Gutiérrez Fierro (UGT), quienes sienten una profunda decepción contra la situación ante el anuncio de cierre de la fábrica.

Los responsables sindicales explicaron la declaración de los componentes del Diálogo Social (Junta, patronal y sindicatos) que llevarán a Bruselas en las reuniones que mantendrán los días 25 y 26 de septiembre —viajarán el 24— con el Consejo Económico y Social de Europa, la confederación intersindical Industriol-CES y diputados españoles.

Evelio Angulo señaló que se trata de dar una «respuesta en toda línea» ante una situación que no debe permitirse en la legislación europea con una empresa «desaprensiva», cuyo cierre se puede evitar y que tiene una cuota de mercado en Castilla y León en energías eólica del 20% y en el país cercana al 27.

Se trata de «europeizar» una solución porque en España no es posible a la vista de la falta de acuerdos en las reuniones, entre ellas la que se produjo en Madrid con el Gobierno central, que aseguró que fue un «acto de frustración» y en la que no había atisbo de acuerdo «por mucho que alguien se empeñe».

A este respecto, Vicente Andrés aseguró que «flaco favor» haría el Gobierno —del que asegura que es «joven» y no sabe la «experiencia» que tiene en estos confilctos— con la firma de un «cheque en blanco» que les «ataría de pies y manos» a ellos.

Andrés incidió en que en el mismo sólo se contemplan posibilidades similares a las que en su día hizo Lactalis ante el cierre de Lauki, que les «engañaron» y esto es también un «manifiesto engaño» en el «contenido y el envoltorio» con el que pretenden incluso que se les ayude a traspasar el negocio.

Ante esta situación, Evelio Angulo señaló que acuden a Europa, en un trabajo «paralelo» a lo que supone la negociación del ERE extintivo, con una declaración en la que se expresa la «alta preocupación» por el cierre de la empresa en una provincia ya muy afectada por distintas crisis al tiempo que se plasman algunas reivindicaciones y peticiones a la Unión Europea. Así, se demanda una regulación que impida de forma «concluyente» que el cese de actividades de una fábrica sin razones objetivas sometidas al análisis por empresa y administraciones signifique la desaparición de la actividad productiva. Además, se exige que en su caso se obligue a acompañar dichos ceses a propuestas de proyectos industriales alternativos que permitan el mantenimiento de la actividad y el empleo y se preserve y refuerce el tejido industrial de la zona.

De la misma forma, se reclama que cuando se produzcan estos ceses de actividad en proyectos beneficiados por fondos europeos, que en este caso cifran en cerca de 13 millones, se tenga que garantizar la devolución de los mismos en los plazos que se establezcan con el fin de garantizar el principio de equilibrio territorial para el que se destina este dinero.

También los sindicatos consideran que en la definición del programa de cohesión 2021-2027 se debe establecer que las ayudas y financiaciones que del mismo se deriven «no servirán para financiar deslocalizaciones dentro de la Unión Europea ni fuera de la misma».

Asimismo, se propone que la legislación priorice un modelo que garantice la adquisición de bienes de equipo cuya transformación y valor añadido se enclave en territorios de la Unión Europea, que ha destinado fondos para el equilibrio territorial, de manera que se tengan en cuenta, por ejemplo, en la subasta de energía renovables, dónde se va a fabricar.

Por su parte, Gonzalo Díez recordó los récord de producción de la factoría, con 15 años de trayectoria y capacidad de producción, perteneciente a una empresa que en todos los documentos que traslada simplemente son declaraciones de intenciones, sin compromisos, cuando lo que se pretende es mantener el empleo de una plantilla joven y preparada que pueden acabar «de camareros» o en otras comunidades con las capacidades adquiridas en Castilla y León. En este marco, Miguel Angel Gutiérrez advirtió del «chantaje» de la empresa al Gobierno, cuando se lleva la producción a lugares como China o India.