Los repetidores tendrán planes personales y la Religión no contará para las becas

El Gobierno del PSOE ya ha enviado a los grupos parlamentarios su propuesta para cambiar la ley educativa que aprobó el PP, la Lomce o ‘ley Wert’, que tantas críticas había cosechado. El marco legislativo que propone el Ejecutivo de Pedro Sánchez es, desde el punto de vista técnico, una «nueva ley con articulado único».

El nuevo texto del Ministerio de Educación y Formación Profesional propone devolver más competencias a las autonomías con lenguas cooficiales (hasta un 45%) para redactar los temarios curriculares, aunque sigue reservando al Estado el 55% de la «distribución de competencias». También plantea que la Religión confesional deje de tener una alternativa forzosa y que no puntúe para becas y otras medias académicas. Es decir, que se considere «no evaluable», un aspecto que la ministra de Educación, Isabel Celaá anunció tan pronto llegó al Gobierno y al que la Conferencia Episcopal se oponía frontalmente. Se pretende así contrarrestar «la imposición académica a una parte del alumnado solo por el hecho de que otros opten por el estudio de Religión confesional», protegida, según el Gobierno, por «una regulación reglamentista» que considera «impropia de una ley orgánica».

La intención del ministerio es también que la asignatura de Valores Éticos, que en la Lomce se consideraba alternativa, sea obligatoria y puntuable para todos los alumnos, sin excepciones.

La reforma reforzará el principio de la no discriminación por género. En este sentido, anuncia que «se eliminará la referencia a que la ‘educación diferenciada’ no se considera discriminación por género y se reforzará la prioridad en el régimen de conciertos para que los centros se organicen bajo el principio de coeducación».

El borrador del texto legislativo reclama también más atención a la diversidad y a los alumnos con necesidades especiales y pide «evitar cualquier efecto segregador derivado de la aplicación de enseñanzas plurilingües».

El proyecto del PSOE, que deberá ser aprobado por el resto de los grupos parlamentarios en el Congreso, elimina también los «itinerarios» en la educación secundaria y asegura que «cualquier opción» conduce a «idéntica titulación». Celaá se ha propuesto diseñar una ley que garantice «la equidad y la calidad educativa en todos sus niveles» y que facilite «que ningún estudiante quede excluido». Por ello, persigue eliminar los «itinerarios» que proponía la Lomce, recuperar el título único de Educación Secundaria Obligatoria, incluso para los titulados en Formación Profesional Básica, que tendrán además el título profesional correspondiente.

El texto permitirá que la «organización de los primeros cursos de ESO se haga por ámbitos» y que los estudiantes con más dificultades tengan una atención especial. Incluso, se propone «adaptar las enseñanzas al contexto territorial y, en su caso, al centro» utilizando las materias optativas que pueden incluir trabajos por proyectos, investigaciones o servicios a la comunidad y reclama que se fomente «la coeducación, la cooperación entre iguales y la educación emocional, con el fin de prevenir el acoso escolar y mejorar la convivencia».

A los alumnos con necesidades especiales, el borrador de la ley propone flexibilizarles el número de años en que pueden cursar los estudios, sean de formación profesional o de bachillerato, facilitarles la promoción de curso o, si han de repetir, establecer «un plan de repetición individualizado».

NO A LAS REVÁLIDAS

El plan del Gobierno también elimina las reválidas —que ya estaban suspendidas— aunque abre la opción a que los centros puedan hacer pruebas evaluatorias a los alumnos a efectos de evaluar los resultados. Sin embargo, los resultados de estas pruebas no podrán ser publicados en ningún caso, lo que impedirá confeccionar ránkings de centros.

El ministerio critica que la jerarquización de asignaturas que hizo la Lomce permitiera que un alumno pudiera ir avanzando de curso con varias asignaturas suspendidas sin que le contara hasta llegar a cuarto de la ESO, cuando debía aprobarlas todas las que había ido arrastrando «lo que hace que los alumnos y los equipos docentes se encuentren con problemas de difícil solución».