La Diputación reclama embargar cuentas fuera de la provincia para no perder 2 M€

Sin vías de escape para los morosos. La Diputación, encargada de cobrar las tasas e impuestos de 206 ayuntamientos de la provincia, pretende que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) arbitre alguna fórmula para que las instituciones provinciales puedan embargar las cuentas bancarias de los que tienen recibos de tributos y multas pendientes y residen fuera de León. Actualmente esta ventana está cerrada, al circunscribirse únicamente al territorio en el caso de los embargos en depósitos de entidades financieras, como le ocurre también a los municipios. Las denominadas bajas por insolvencia, aquellos recibos o multas imposibles de cobrar por vía del embargo bancario al encontrarse sus titulares fuera de la provincia residiendo, supusieron el año pasado cerca de 1,9 millones de euros y en 2018 superan ya los 1,6.

La reivindicación desde el Palacio de los Guzmanes se suma a la realizada en el mismo sentido esta semana por el presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero. El diputado de Hacienda, Lupicinio Rodrigo, manifiesta que esta acción de la FEMP para permitir embargar cuentas bancarias fuera de los territorios propios «beneficiaría e interesaría a todos, reforzaría el control sobre los impagos para que no se escapen los morosos».

Tradicionalmente el embargo vía cuenta bancaria es la segunda opción a la que acude el Servicio de Recaudación del Palacio de los Guzmanes a la hora de cobrar a los morosos, tras las devoluciones del IRPF. El año pasado lanzó 49.000 para que los bancos actuaran sobre cuentas de sus clientes con recibos o multas impagadas, frente a casi 2.500 sobre los salarios o las algo más de 900 de pensiones. Los embargos emitidos sobre inmuebles no llegaron, sin embargo, a los 700.

Al tratarse de la recaudación de impuestos y tasas en el área rural, se producen múltiples casos de personas que tienen propiedades en los pueblos pero residen en otras provincias: herederos del propietario original ya fallecido. De manera que en los morosos de este tipo el Servicio de Recaudación tendría que llegar hasta el final, vía embargo inmuebles para cobrar la deuda, algo que se dilata en el tiempo y acaba por prescribir.

Los convenios de la FEMP con Hacienda y la Seguridad Social sí permiten, sin embargo, actuar sobre las devoluciones del IRPF y pensiones, donde quiera que resida en España el moroso en cuestión. Las instituciones provinciales pretenden que esta posibilidad se abra a las cuentas en las entidades financieras para cerrar el círculo de persecución a los impagos.

«No puede ser que alguien que viva en Vizcaya, por ejemplo, no pague los impuestos y tasas que tiene que abonar a su ayuntamiento por su casa en un pueblo de León y no podamos hacer nada para cobrarle», remarca Lupicinio Rodrigo. Llama también la atención sobre las multas de tráfico de policías locales, cuyos municipios están incluidos en los 206 englobados en el Servicio de Recaudación de la institución. «En muchas ocasiones son por infracciones en los cascos urbanos de conductores que no residen en la provincia y nos cuesta mucho poder cobrarlas o al final no podemos». En el caso de los alquileres ocurre lo mismo, cuando el inquilino debe pagar los tributos asociados a ese inmueble y se muda a otra provincia con pagos pendientes.

«Poder embargar cuentas en otros territorios nos permitiría dar otro paso para evitar fraudes y mejorar». De los 15 millones pendientes de cobro con los que cerró 2017, casi dos correspondieron a insolvencias