La Asociación de la Memoria Histórica pide al Defensor del Pueblo que actúe ante las declaraciones de Esther Muñoz
Proponen que los miembros de las Cámaras de Representantes tengan que recibir formación en materia de Derechos Humanos
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) presentó hoy una queja ante la oficina del Defensor del Pueblo por las afirmaciones que la senadora del Partido Popular, Esther Gómez, llevó a cabo sobre la búsqueda de personas desaparecidas de la dictadura franquista, criticando la partida presupuestaria relacionada con la memoria histórica aseguró que el Gobierno pretendía gastar 15 millones de euros “en sacar unos huesos”.
Para el presidente de la ARMH, Emilio Silva, estas declaraciones suponen una “enorme falta de respeto por los Derechos Humanos y un trato vejatorio hacia las víctimas de la dictadura franquista2”, de las que recordó que todavía esperan a que el Estado cumpla con sus obligaciones en esa materia y les garantice el derecho a dar una sepultura digna a un ser querido.
Para Silva es “incomprensible” que en una institución como el Senado, enmarcada en la Constitución y en la Convención Europea de Derechos Humanos, se hagan afirmaciones “lesivas” con las personas que han sufrido “el peor delito que se puede cometer contra un ser humano”, por lo que despreciar a esas personas, faltarles al respeto e ignorar su dolor es una forma de acoso y culpabilización”.
Por ello, apuntó que una institución como el Senado debería elaborar un régimen sancionador cuando se vulneren ese tipo de derechos fundamentales, a pesar de que la Convención contra la Desaparición Forzada Involuntaria de Naciones Unidas, ratificada por el estado español, regula las obligaciones del Estado y de todas sus instituciones democráticas, de proteger y atender a los familiares de personas desaparecidas por causa de la violencia política.
Asismismo, en nombre de la Asociación, Emilio Silva le propuso al Defensor del Pueblo la recomendación de que todos los miembros de las Cámaras de Representantes tengan que recibir formación en materia de Derechos Humanos para que “aprendan a distinguir cuáles son los límites del debate político y no se repitan actos degradantes y de maltrato político por quienes tienen la obligación de defender los Derechos Humanos más allá y más acá de su ideología”.
