León no secunda el despegue estatal de la construcción

El despegue de la construcción no tiene reflejo en la provincia leonesa. Mientras que en la comunidad el ritmo de avance pierde fuelle y se estanca en las 4.000 viviendas anuales, en León se anoto un retroceso de un 2% en el último año con respecto a 2017. Apenas se contabilizaron 485 visados de dirección de obra nueva, 10 menos que en el ejercicio previa, en contra del crecimiento autonómico del 10% y del nacional, que llegó a firmar un 24,6%.

Aquí, el sector no logra alcanzar el dinamismo de otros territorios, si bien continúa con su proceso de recuperación en un momento en el que ha redoblado su apuesta por la edificación en bloque en las ciudades. Además, el adelanto electoral de las generales para el 28 de abril eleva la incertidumbre del sector que teme abra un periodo sin gobierno lo que para tendría consecuencias negativas. Ante este estancamiento, la Confederación Castellana y Leonesa de la Construcción ve en el acceso a la vivienda uno de los principales retos. «La posibilidad de acceder a una vivienda asequible puede dinamizar el sector inmobiliario convirtiéndose, así, en un impulso importante para la economía y la creación de empleo», afirma su presidente, el leonés Javier Vega, quien remarcó acuerdos entre los partidos políticos para que las empresas cuenten con un marco de estabilidad, que permita plantear nuevas inversiones en 2019.

La patronal prevé para 2019 más carga de trabajo en la comunidad, de acuerdo a la solicitud de visados de dirección de obra nueva presentados por los aparejadores o arquitectos técnicos en 2018. Pese a este augurio Vega insistió en que hay «algunos problemas específicos que se están convirtiendo en un lastre, ciertamente pesado, para nuestra economía y que, como puede ser el caso de la despoblación, la orografía de nuestro terreno en materia de comunicaciones, o los déficits en las infraestructuras, si no los abordamos de manera decidida y conjunta, no seremos capaces de recuperar una comunidad rica».

La patronal demanda, según su presidente, una reducción de los tiempos de la concesión de las licencias, una definición «clara y concisa» del concepto de «alquiler asequible», así como del esfuerzo dedicado al pago de la renta, que para los empresarios no debe superar el 30% de los ingresos mensuales. También defiende la colaboración público-privada para «construir un razonable número de viviendas sociales», con un regreso a la fórmula anterior de ayudas directas y subsidiación de hipotecas; así como un incremento de la dotación económica del Plan Estatal de Vivienda y medidas fiscales para incentivar la promoción.