La Diputación hereda 61 millones

Tras varias semanas de atasco para cuadrar la contabilidad por problemas informáticos, la Diputación por fin cuenta con la liquidación del ejercicio de 2018 esperada desde enero. El documento revela que 135 millones de los 234 del histórico presupuesto gestionado el año pasado estaban sin gastar a 31 de diciembre. Una vez que la institución provincial haga frente a las obligaciones arrastradas del ejercicio anterior, aún no pagadas, dispondrá de cerca de 61 millones de remanentes para incorporar a inversiones de 2019. La cantidad heredada permitirá al presupuesto de este año elevarse por encima de los 193 millones, frente a los 132,4 con los que fue aprobado.

Entre las inversiones a las que se destinará el dinero ahora incorporado a la hucha, carreteras, planes dirigidos al área rural y la dotación de más dinero para programas gestionados por el Instituto Leonés de Cultura, entre ellos, los que cuidan del patrimonio en los pueblos y su fomento, así como otras iniciativas relacionadas con la etnografía, tal y como apunta el presidente de la institución provincial, Juan Martínez Majo. Además, remarca, será suplementado el Plan de Cooperación Municipal para abonar a una treintena de ayuntamientos los anticipos pendientes de 2018: aquellos que no lo habían pedido antes del pasado 15 de diciembre.

El decreto de aprobación de la liquidación de 2018 será hoy conocido por los miembros de la Comisión de Hacienda y también se dará cuenta del informe en el Pleno ordinario previsto para final de mes.

En los 135 millones que arroja la liquidación, el dinero no ejecutado del presupuesto 2018, destacan los casi 76,8 pendientes aún de cobro por parte de las arcas provinciales, como el adeudado por los ayuntamientos por la gestión de sus tributos que realiza la Diputación, cuotas de Ayuda a Domicilio y de los cuatro centros asistenciales de la institución provincial o dinero de otros programas (deportivos, juventud, mayores, niños...). También aparecen en este informe de la liquidación otros 97 millones bajo el epígrafe obligaciones pendientes de pago, en este caso están carreteras previstas que todavía se hallan en fase de adjudicación, obras y servicios en distintos ámbitos, que aún no han sido abonados, o desembolsos pendientes del Plan de Juntas Vecinales o del Plan de Cooperación Municipal.

«Todo el dinero para invertir en el presupuesto de 2018 estaba comprometido, pero no todo pudo ejecutarse. Fue un presupuesto que superó los 230 millones», recuerda el diputado de Hacienda, Lupicinio Rodrigo. El pasado año, asegura, la cantidad inicial destinada al Plan de Cooperación Municipal (antiguos Planes Provinciales) fue multiplicada por tres después de que las arcas del Palacio de los Guzmanes heredaran 100 millones de euros de remanentes arrastrados desde el pasado mandato. El capítulo pasó de los 16,3 millones a los 48, «una cantidad imposible de ejecutar en un solo ejercicio». Este dinero, sumado a los 30 millones asignados y aún no gastados, en su mayor parte, para carreteras, y el no desarrollado plan de extinción de incendios en los núcleos de población del área rural concentran, enfatiza, el 80% de la inversión no gastada del ejercicio pasado. En los fondos líquidos, es decir, el dinero depositado en los bancos, aparecen en el informe de la liquidación 175,3 millones. Y otros -11,5 se refieren a partidas pendientes de aplicación: fondos procedentes de administraciones, por ejemplo la Junta, que aún no tienen destino.

Los 61 millones heredados en remanentes permitirán suplementar sustancialmente la partida de carreteras (actualmente dotada para mantenimiento y fomento con 8,4 millones), así como el Plan de Cooperación Municipal (ahora tiene 16,3 millones). Entre los planes dirigidos a los pueblos que podrán verse reforzados, además, los programas de cuidado del patrimonio del ILC, el de polígonos industriales, nuevas tecnologías o sectores estratégicos para la economía de los pueblos con el fin de incentivar el empleo y frenar la gran sangría demográfica.