El PSOE pide el cese de Ismael Álvarez en Caja España por estar condenado

La dimisión de Ismael Álvarez como alcalde de Ponferrada todavía no es efectiva -se exige la ratificación en un pleno municipal- y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que le condena a nueve meses de multa (24 euros al día) por un delito de acoso sexual a la ex concejala Nevenka Fernández todavía no es firme, al estar pendiente del recurso anunciado por la defensa de Álvarez. Estas dos circunstancias, según fuentes judiciales consultadas, permitirían al regidor dimitido formar parte de los órganos de gobierno de una entidad privada, circunstancia que se produjo el pasado sábado en la reunión extraordinaria del consejo de administración de Caja España a la que Álvarez fue convocado para analizar las posibles anomalías detectadas en el proceso electoral de los representantes a impositores en la asamblea general. Su presencia era esencial para neutralizar las votaciones de la facción progresista en caso de que se hubieran adoptado decisiones, dado que el sector conservador cuenta con nueve miembros en este foro, sólo dos más que el PSOE. Pese a esos ángulos legales que permiten su actividad en la Caja, el consejero general y miembro del consejo de administración de la entidad financiera, el socialista Zenón Jiménez Ridruejo Ayuso, solicitó ayer la inmediata destitución de Álvarez a tenor del contenido de varios artículos y apartados de los Estatutos de Caja España y de la Ley de Cajas. Según la propuesta de resolución, el artículo 8 de los Estatutos, apartado b, establece la incompatibilidad para ostentar la condición de compromisario o miembro de los órganos de gobierno a quien hubiera sido condenado como consecuencia de la comisión de una infracción grave o muy grave, entendiéndose por éstas las que ya están tipificadas en el ordenamiento jurídico. Además, argumentan que el artículo 10.1, apartado f, también de los Estatutos, establece que los miembros de los órganos de gobierno cesarán si incurren en incompatibilidades establecidas por la Ley de Cajas, que prevé el cese por la pérdida de los requisitos que condicionan la elección de un miembro, caso de Álvarez. A estos dos argumentos se suma el artículo 12 de los Estatutos, que prevé que los miembros de los órganos de gobierno podrán ser retirados de su cargo cuando incumplan los deberes inherentes a su condición o perjudiquen notoriamente el buen nombre o actividad de la Caja. El escrito considera que esta condición está más que rebasada por Álvarez, dado que ya tiene una resolución condenatoria en su contra. Incumplimiento «palmario» Por todos estos motivos, Jiménez Ridruejo consideró «palmario» el incumplimiento de la normativa. «No se trata de una cuestión política, sino de vulneración de los estatutos de la Caja», dijo. Los socialistas sobreentienden que una condena es suficiente para que una entidad privada destituya de su cargo al sujeto de la sentencia, que en este caso no incluye ninguna pena de inhabilitación, argumento que puede ser utilizado también para defender la presencia de Álvarez en el consejo de administración. Ismael Álvarez fue designado consejero para cubrir una de las cuatro vacantes reservadas para detentar la representación de las corporaciones locales, en este caso del Ayuntamiento de Ponferrada.