El empleado despedido asegura que el Colegio de Abogados falta a la verdad

Ceferino Sierra fue despedido a finales del mes de julio cuando una mujer que acudía a pedir asesoramiento al turno de asitencia jurídica gratuita interpuso una denuncia por escrito contra él en el Colegio de Abogados. El texto de la denuncia, según José María Marcello, indica que el empleado despedido acosó a la mujer haciéndole insinuaciones para mantener relaciones íntimas. Con motivo de los hechos denunciados, la junta de gobierno del órgano colegiado de León se reunió con carácter de urgencia para aclarar lo que había ocurrido. El vicedecano de la institución, José María Marcello, declaró que las investigaciones derivaron en el conocimiento de que existían unos antecedentes que parecían dejar claro que esta conducta no era la primera vez que se producía, por lo que Ceferino Sierra, para explicar los hechos, envió una carta de rectificación a este periódico que dice de forma textual lo siguiente: Aclaración «El trabajador del ICA de León, referido en su artículo mantiene una antigüedad en el puesto de trabajo desde 14 de marzo de 1975, es decir de más de veintisiete años años, durante los cuales ha tenido la oportunidad de conocer a seis personas distintas como decanos de ese ilustre colegio, respecto de los cuales su hacer profesional como empleado siempre ha sido cordial, y sin reproche o reparo alguno por sus empleadores, pero, en la actualidad, aquella situación de probidad y honestidad, aparece muy lejana en el tiempo, sino perdida en forma definitiva por la nueva situación, que paso a relatar». «En fecha del día 26 de julio de 2002, se me comunicó verbalmente la decisión de despedirle, sin que con anterioridad se hubiere efectuado expediente o actuación alguna previa con audiencia del trabajador. La decisión de encontrarse despedido me fue efectuada por el decano, señor Juan González Palacios, en presencia del secretario, señor Fernando de los Mozos Marques. Éstos, ofrecieron una carta de despido con causa de ''bajo rendimiento en el trabajo'' y una indemnización que no superaba la tercera parte de la legal correspondiente o, de no aceptar ésta, otra, en la que, en expresión del decano, señor Palacios se me acusaba de una denuncia y que si no aceptaba el despido inicial, saldría en los medios de comunicación, y le seguirían posteriores procesos. Ante esta actitud coactiva, que desde luego no fue aceptado, se realizó un despido en base a unas acusaciones que he de decir que son radicalmente falsas toda vez que mi cometido profesional, desde el inicio de la actividad laboral hace más de 27 años siempre ha sido estricto, respetuoso y puntual cumplimiento de mis obligaciones laborales. Repecto del resto del contenido del artículo, en él se habla de una especie de proceso o juicio que se me dice fue realizado por la junta de gobierno del ICA de León, juzgándome en una especie de juicio sin audiencia -nunca se me permitió exponer mi versión de los hechos-, y que desconozco su existencia, pero que, de haberse realizado vulnera los derechos más elementales de la persona, además de inmiscuirse en funciones jurisdiccionales de las que por ley carecen. Además es falso que exista denuncia alguna quejándose de mi labor profesional. Todo es una burda trampa. Desconozco las razones por las que el señor Marcello falta a la verdad de la manera que lo hace en su artículo». «Oportunamente se iniciarán las acciones penales pertinentes contra todos los responsables», finaliza el escrito.