La inteligencia artificial, en el ojo

La regulación que se contempla en la ley sobre el uso y empleo de la Inteligencia Artificial en la Administración de Justicia «resulta insuficiente y requiere un tratamiento acorde con el Código Ético y el Reglamento Europeo sobre Inteligencia Artificial».

Instan los magistrados «un gran pacto político para la instauración de una administración de justicia digital única en todo el territorio que permita unificar los esfuerzos que, a título individual, realizan el gobierno central y las comunidades autónomas en el desarrollo de sistemas procesales y mecanismos de automatización de funciones.

Todo ello, «porque la implantación de una administración de justicia digital incide directamente en la función de juzgar, y afecta a la independencia judicial, y por ello es al CGPJ a quien le corresponde dirigir y supervisar las diversas medidas que se adopten», según los datos correspondientes a los acuerdos adoptados por los representantes de las audiencias del país.