Galicia, la última en imponer un control en los institutos

El consejero de Educación de la Xunta, Román Rodríguez, defendió este pasado sábado la prohibición del uso de los teléfonos móviles en los centros educativos y pidio “involucrar a las familias” en esta cuestión. Así, añadió que será a partir de enero cuando el uso de los móviles en el ámbito educativo estará vetado, incluso fuera de las aulas, una medida pionera que ya se aplicaba en tres de cada cuatro centros de la comunidad. La iniciativa que lanzaron los padres barceloneses el pasado mes se ha ido extendiendo por toda España ya engloba otros grupos activos en España en Andalucía, Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Madrid, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Islas Baleares, Alicante-Castellón y Valencia, Navarra, Álava, Canarias, Cantabria y Vizcaya. La ministra de Educación, Pilar Alegría, ya respondió a esta cuestión con la frase de que «no se pueden poner puertas al campo» y añadió que «todas las medidas serán bienvenidas, pero, lo importante no es única y exclusivamente eliminar o imponer medidas coercitivas, hay que hacer también un ejercicio de prevención, de educación y de responsabilidad». La propuesta surgida desde Barcelona aboga por «empoderar a las familias que quieren aplazar la llegada de los móviles a la vida de sus hijos» y que éstos «no sean los raros de la clase».