La Policía investiga un desfalco de 50.000 € en el centro de ocio y piscinas de San Andrés
La revisión de la contabilidad de las instalaciones detecta un agujero que la alcaldesa denunció en Comisaría
El cambio de la playa de las piscinas fue una de las obras destacadas del año pasado en San Andrés. DL
La contabilidad del centro de ocio y las piscinas de Trobajo del Camino vuelve a estar en el ojo del huracán. Ahora, por una denuncia interpuesta por la propia alcaldesa, Ana Fernández Caurel, en la Comisaría de Policía Nacional, al detectar el tesorero un descuadre de casi 50.000 euros.
Los agentes de este cuerpo ya investigan el posible desfalco, con cuestiones tan llamativas como la falta de ingreso de las cuotas de los socios, en algunos casos, desde 2021, según confirman.
Se da la triste coincidencia del reciente fallecimiento del encargado de instalaciones deportivas, lo que dificulta contrastar algunos aspectos de un asunto que ha levantado una gran polvareda en el municipio.
El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo efectuó una «revisión» que ha destapado posibles irregularidades constitutivas de delito. Incluso no se descarta la apropiación indebida agravada, que está penada con seis a tres años de cárcel y una multa económica. La revisión de las cuentas de las instalaciones continúa y podría deparar nuevas sorpresas, según ha trascendido.
Los presuntos cambalaches relacionados con el centro de ocio de Trobajo y las piscinas de esa localidad y de San Andrés ya suscitaron a lo largo de su historia varias peticiones de investigación. En 2001, UPL destapó un supuesto desfase de 873.000 pesetas, que en aquel momento el Gobierno del PSOE encabezado por Miguel Martínez despejó asegurando que se trató de un problema de la empresa concesionaria que se resolvió con la devolución del dinero. Exoneró a los funcionarios sobre los que recayeron las acusaciones.
En 2014, el PP se enfrentó a una insólita situación que le llevó a intervenir administrativamente las piscinas municipales, tras haber dejar empantanada la gestión la adjudicataria Gexín a final de 2013. Fue el inicio de una larga batalla judicial sobre el contrato de explotación que se resolvió a favor del Ayuntamiento.
En 2016, el entonces portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Fernández, propuso una Comisión de Investigación sobre la gestión económica de las instalaciones que recibió el okey de todas las fuerzas políticas. En solfa se ponía la recaudación y la contabilidad, con especial acento de los ingresos de la recaudación en la cuenta general del Ayuntamiento y en quién custodiaba la recaudación. Se solicitó investigar el arqueo diario de efectivo por la venta de entradas de los usuarios que acudieron a las instalaciones de forma esporádica y por otro de los abonados, así como el protocolo de recaudación y contabilidad, qué personas recaudaban, quienes estaban encargados de la recaudación diaria de ambas instalaciones y dónde se ingresaba el dinero que se recaudaba en metálico.
En el listado también se incluía revisar cómo se efectuaban los procesos de licitación y adjudicación de contratos de las obras que se ejecutaron. Ahora, tras la denuncia efectuada el pasado viernes por la alcaldesa leonesista, la maquinaria policial se ha puesto en marcha por el descuadre de casi 50.000 euros en la contabilidad de los últimos años. Dinero público que cuando se detecta su posible falta optó por ponerlo en conocimiento de las autoridades policiales.
La pasada legislatura el PSOE propuso sin acabar de llevarlo a cabo el pago telemático o con tarjeta, como también pidió Cs para que los empleados no necesiten manejar dinero y vaya directo a la cuenta municipal.