El Procurador del Común pide "reforzar" las medidas para rebajar las listas de espera y evitar los "retrasos"

El Procurador del Común reclama a la Consejería de Sanidad “reforzar” las medidas que aplica para reducir las listas de espera y las “demoras” en la atención así como adoptar otras diferentes con el fin de evitar “retrasos” en la atención que demandan los ciudadanos, al ser un asunto que motivó un “importante” número de quejas en 2023, lo que para la institución que preside Tomás Quintana refleja la “preocupación” de los castellanos y leoneses por este asunto.

En su intervención ante el pleno de las Cortes para presentar el informe correspondiente al último ejercicio completo, el procurador del Común explicó que un año más la gestión de las listas de espera fue un motivo que generó numerosas quejas por lo que en sus resoluciones mantuvieran la necesidad de ampliar las medidas que la Consejería de Sanidad les comunicó que estaba adoptando.

Asimismo, el Común, según detalló Tomás Quintana a los procuradores, resolvió una actuación de oficio sobre la evolución de las listas de espera generadas durante la pandemia y la incidencia que las diferentes medidas adoptadas habían tenido en la reducción de las mismas. De acuerdo a los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, consideró que, especialmente en consultas externas y pruebas diagnósticas, así como en las intervenciones quirúrgicas a pacientes de niveles de prioridad dos y tres, se deberían adoptar medidas que permitieran acortar los tiempos de espera.

Ante la cámara, Tomás Quintana señaló que más allá de la aplicación del criterio de prioridad clínica, pese a que algunos procesos no tenían su origen en un problema grave de salud, son cuadros clínicos que alteran la vida personal y laboral de los pacientes, lo que para el procurador del Común supone “un problema añadido que afecta al derecho a la tutela de la salud”. Esta resolución, recordó, fue aceptada parcialmente, puesto que Sanidad les trasladó que se estaban poniendo los medios para “paliar” los efectos causados por la pandemia.

Otro de los asuntos abordados en este ámbito fue la asistencia sanitaria a las personas que residen en el medio rural, si bien las quejas tuvieron una “menor incidencia” que en años anteriores. Aun así, la institución abordó aspectos como la atención geriátrica y de fisioterapia en el Centro de Salud de Tábara, en la provincia de Zamora; las “deficiencias” en la conexión a internet en el Centro de Salud de Villavellid, en Valladolid; los problemas planteados en zonas rurales por el aumento de la población en época estival o los que suscita el sistema de cita previa telefónica.

De nuevo, al igual que otros años, Tomás Quintana insistió en que las personas que residen en el medio rural deben ser atendidas mediante un sistema sanitario público fundado en los principios de “equidad, proximidad y presencialidad”, de manera que se les garantice una atención sanitaria adecuada a sus necesidades, en concreto, al “predominante envejecimiento” de sus habitantes.

Respecto al funcionamiento del transporte sanitario, el procurador del Común aludió al “incumplimiento” del tiempo de respuesta para iniciar el traslado por alta hospitalaria y a la petición a Sanidad de que fiscalice la prestación del servicio y que adoptara las medidas para corregir las deficiencias. “Consideramos aceptadas nuestras resoluciones al habernos manifestado que se estaban aplicando los mecanismos previstos para garantizar el cumplimiento de los pliegos del contrato”, afirmó Tomás Quintana.

Finalmente, sobre la “gestión indirecta” del servicio de atención de llamadas de emergencia a través del número 1-1-2, Tomás Quintana avanzó que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio les había trasladado que a iba a incluirla en el plan anual de actuación de la inspección general de servicios para el año 2024 para evaluar su prestación.

Por otro lado, ha instado en una resolución a los grandes municipios de la Comunidad a elaborar y aplicar un plan de choque que permita la limpieza y protección del patrimonio público frente a estos actos vandálicos de pintadas y grafitis que “afean las ciudades”.

Así lo manifestó en la presentación del informe de la institución correspondiente al año 2023 ante el pleno de las Cortes de Castilla y León donde se detuvo en señalar que se han ocupado y han pedido información a los municipios de más población de la Comunidad con el objetivo de erradicar este fenómeno callejero.

De oficio, tras el análisis de los datos obtenidos, explicó en el hemiciclo que formularon las correspondientes resoluciones a cada uno de ellos, en las que instó a adoptar diferentes medidas, como, por ejemplo, la elaboración y aplicación de un plan de choque que permita la limpieza y protección del patrimonio público frente a estos “actos vandálicos”.

En el mismo, se recoge intensificar las labores de vigilancia policial, sobre todo de las zonas en que se prevea que, tras la limpieza, puedan verse nuevamente afectadas; realizar campañas de concienciación y educación, incluso promoviendo el grafiti y/o muralismo autorizados; así como adaptar la normativa, en el caso de que no lo contemple, para poder ejercer la potestad sancionadora y el resarcimiento de daños causados al patrimonio público.

Vivienda

Se refirió el Procurador a una resolución dirigida a las diputaciones provinciales con la voluntad de contribuir al fomento de la rehabilitación de viviendas de titularidad de pequeños municipios, en muchos casos en deficiente estado de conservación. Todas diputaciones provinciales, a excepción de la de Ávila, que aún no ha respondido, aceptaron esta resolución.

En tal sentido, se insta a las instituciones provinciales a que activen los medios necesarios para proporcionarles la asistencia técnica y jurídica que sea precisa para concurrir a los procedimientos que se abran para obtener financiación de proyectos de dinamización demográfica en Castilla y León.

El alquiler social, situaciones de emergencia habitacional, las necesidades de personas especialmente vulnerables, de familias sin recursos o en riesgo de exclusión social fueron también quejas atendidas por el defensor de los ciudadanos de la Comunidad.

Se detuvo en una resolución de oficio, en la que volvió a insistir, sobre la necesidad de contar en Castilla y León con un Parque Público de Vivienda, aceptada por la Consejería, que permita el alquiler de un número de ellas acorde a las dimensiones y necesidades existentes en la Comunidad. Para ello, vio necesario aunar los esfuerzos de todas las administraciones y agentes sociales implicados, con objeto de garantizar a las personas más vulnerables el ejercicio del derecho a una vivienda digna y adecuada.

También, promovió de oficio un expediente sobre la transformación de locales comerciales en viviendas en las ciudades y grandes poblaciones de la Comunidad, que puede contribuir a favorecer el acceso a la vivienda, especialmente por parte de las personas jóvenes, aunque advierte de evitar la proliferación de infraviviendas, carentes de condiciones de habitabilidad, seguridad, accesibilidad, salubridad e iluminación natural.

Esta resolución, aceptada por Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, recomienda a la Administración autonómica que valore establecer unas directrices comunes y criterios mínimos y homogéneos de ámbito autonómico, a modo de estándares urbanísticos, para ser incorporados a los instrumentos de planificación y desarrollo urbanístico municipal que prevean la conversión de locales comerciales en viviendas.