El Ayuntamiento de León paga casi 30.000 euros al mes por prorrogar el servicio de la grúa

La adjudicación del servicio de grúa municipal se mantiene en compás de espera, pendiente de la resolución del recurso presentado por Talleres Ladreda contra la determinación del equipo de gobierno del Ayuntamiento de León de poner en manos de Furgoleón (empresa propiedad del exconcejal del PP Pedro Llamas) la explotación del servicio hasta 2028, después de que venciera el contrato con la anterior mercantil, que ostentaba la titularidad desde 1977.

A resultas de ello, el gobierno local debe aprobar cada mes una partida extraordinaria de cerca de 30.000 euros, para hacer frente a sus obligaciones contractuales. No se puede abonar el nuevo contrato, porque no está adjudicado, pero no se puede dejar de prestar el servicio, con lo que hasta que se resuelva, hay que seguir pagándolo mes a mes en Pleno.

El Ayuntamiento determinó la adjudicación del contrato relativo al servicio de retirada, inmovilización y depósito de vehículos estacionados en la vía pública, en el importe anual ofertado de 305.910,12 euros. La duración del contrato se anunciaba por cuatro años, sin posibilidad de prórroga, con lo cual el importe total del vínculo de obligaciones asciende a 1.011.273,12 euros.

EN TERCER LUGAR

Pero ahora Talleres Ladreda ha presentado un recurso contra la decisión, bajo la premisa de la resolución no se ajusta a derecho. Eso a pesar de que en el concurso de méritos, obtuvo la tercera plaza, por detrás de Furgoleón, con 92,28 puntos y Estacionamientos y Servicios con 90,28, muy por encima ambas sociedades del tradicional concesionario de León, que se quedó en 64,66 en esta oportunidad. La resolución de solo dos puntos de diferencia concretó otros méritos que no eran el precio, porque la opción elegida era la más cara. Planteaba un precio fijo para el arrastre de cada vehículo y otra tarifa a partir de 6.000 coches al año: una cifra a la que no se llega ya desde hace años. Mientras que sus competidores apuntaron 15 euros, la sociedad de Llamas prometió no aplicar recargos superada esa cota.

SERVICIO EN PRECARIO

Con todo, de momento el servicio se sigue prestando «en precario», como solución alternativa hasta que se resuelva el litigio. Fue necesario sacar a concurso tres veces el contrato. Hubo una primera resolución seis meses después de que se cerrara el plazo de presentación de ofertas del segundo concurso y una segunda cuatro más tarde de que Talleres Ladreda reconociera que «no cuenta con la solvencia económica exigida en la documentación rectora».

Los criterios de adjudicación del contrato eran de valoración mediante criterios matemáticos con hasta 70 puntos (hasta 50 puntos mejor precio ofertado, hasta 10 puntos precio por vehículo retirado a partir de seis mil anuales, hasta 6 puntos el distintivo ambiental y hasta 4 puntos el tiempo máximo de respuesta).

El gobierno municipal modificó su filosofía inicial. En lugar de sacar un contrato por un solo año con opción a otro de prórroga, que hubiera dejado la finalización lista para 2027, optó por plantear, a finales de julio, un compromiso de cuatro anualidades, pese a que apenas un mes antes, en el Pleno de junio, había comprometido que la grúa se incorporaría a la cartera de servicios de la nueva sociedad mixta de movilidad.

A LA TERCERA

La concesión del servicio se hizo viable después de tres intentos. En el primero, no se presentó ninguna empresa porque se exigía un canon fijo de 90.000 euros y un variable de 100.000 en función de los coches que se retiraran, además de que obligaba a la gestión del depósito: unas condiciones que hicieron que no se presentara nadie. En el segundo sólo acudió Talleres Ladreda, aunque se había fijado un importe único de 190.000 euros con independencia del número de vehículos que se arrastrasen.

HASTA CUATRO AÑOS

En el tercero se amplió la duración de uno a cuatro años pero con una partida de 309.000 euros. Ahí Talleres Ladreda presentó la propuesta más económica de las tres y en eso se basa para recurrir la adjdicación. La empresa del exconcejal del PP se comprometió hacerlo sin coste adicional, lo que le valió 10 puntos en el baremo, mientras que las otras dos competidoras expusieron una factura adicional de 15 euros por arrastre y sólo sumaron 6,66 en el apartado de méritos. Ahora se está a la espera de una resolución definitiva para el asunto.