El juzgado ordena al Ayuntamiento de León que no bloquee más la entrada del viceinterventor
El nuevo auto obliga al gobierno de Diez a incorporarlo después de tres meses de varapalos judiciales
Ni cautelares, ni cautelarísimas, ni más bloqueos a la toma de posesión. El Ayuntamiento de León deberá incorporar ya al nuevo viceinterventor municipal, como resuelve el auto dictado por la jueza del juzgado contencioso administrativo número 2 de León. Después de tres meses de recursos, desestimados todos por los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de Madrid y Castilla y León, el equipo de gobierno de José Antonio Diez tendrá que permitir la toma de posesión del funcionario, que espera en su casa desde el pasado 8 de octubre, tras hacerse con la plaza en el concurso nacional convocado por el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública, garante de la independencia en el proceso de selección de un puesto sobre el que recae la fiscalización de quien gobierna.
El pronunciamiento judicial, contra el que no cabe recurso, sofoca el último movimiento del gobierno socialista para postergar la entrada del nuevo viceinterventor. Aunque el auto no entra en el fondo del asunto sobre la anulación de la plaza, que el Ayuntamiento de León deberá defender en los dos pleitos abiertos frente a las resoluciones del Gobierno y la Junta, sí que incide en que no cabe posponer el nombramiento hasta que se resuelvan estas instancias judiciales. No ha lugar porque la jueza advierte de que la medida no puede «causar una grave perturbación a los intereses generales o de tercero», como alegaba el consistorio. «El Ayuntamiento niega la toma de posesión, en base a que la plaza ha sido suprimida. Sin embargo, ha mantenido en la misma a una funcionaria en comisión de servicios», se subraya en el auto.
El apunte incide en lo que ya advirtieron los anteriores tribunales, que resolvieron la condena en costas al Ayuntamiento de León. La apostilla recuerda a los autos en los que los magistrados afearon que, apenas un mes antes de la convocatoria de la plaza, se solicitara y concediera la prórroga en la comisión de servicios de la anterior viceinterventora para luego «alegar que no tiene funciones y amortizar o suprimir la plaza apenas 5 meses después».
El Ayuntamiento ya intentó frenar la incorporación con la petición de las cautelares que le negaron los TSJ de Madrid y Castilla y León
Si no existían estas atribuciones, sigue el razonamiento judicial, no debería haber continuado la anterior ocupante de la plaza, que también concurrió al concurso nacional, aunque logró menos puntos que el ganador. Pero se mantuvo hasta el límite «improrrogable» de la comisión de servicios a esta viceinterventora, a la que el gobierno del PSOE colocó, cuando apenas le quedaban unos días para finalizar su contrato, como presidenta del tribunal que debe juzgar la nueva corrección de exámenes del polémico proceso de selección del intendente jefe de la Policía Local, anulado por el TSJ al apreciar irregularidades en el proceso que terminó con el nombramiento de Miguel Ángel Llorente Pellitero.
Ni siquiera con estos precedentes judiciales, que denegaron las medidas cautelares invocadas por el Ayuntamiento de León, el equipo de gobierno socialista incorporó al nuevo viceinterventor cuando acudió para reclamar su derecho. Primero se le negó con la justificación de que debían resolverse los recursos. Un vez agotado este argumento, el pasado día 10, el decreto firmado por el concejal de Régimen Interior, Vicente Canuria, desestimó la toma de posesión «sobre la base de alegar una imposibilidad material al encontrarse suprimida la plaza en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento, desde que en fecha 31/05/2024 se dictó el acuerdo plenario por el que se suprimió la misma».
La jueza afea que el consistorio alegue que la plaza fue suprimida mientras mantuvo en ella a una funcionaria en comisión de servicio
No le vale a la jueza del contencioso administrativo 2 de León esta motivación. Con independencia de que los recursos judiciales estén pendientes, el Ayuntamiento de León deberá incorporar al funcionario, quien cesó en su anterior cargo, como era preceptivo para poder tomar posesión del nuevo. Desde el 8 de octubre está en la calle, tras dejar el puesto de interventor en el Ayuntamiento de San Andrés, donde llegó a promover ante el Tribunal de Cuentas una denuncia por la gestión de los últimos 14 años, aunque al final se desestimó. Falta saber si los salarios de estos meses los tendrá que pagar el consistorio de la capital leonesa o el Estado, en el caso de que el juzgado resuelva que la anulación de la plaza, rechazada tanto por el Ministerio como por la Junta, está bien hecha.