Fiscalía pide investigar al economista de León que asistió al novio de Ayuso

La jueza de Instrucción número 19 de Madrid ha decidido prorrogar seis meses más la investigación sobre los presuntos delitos cometidos por las empresas de Alberto González Amador, conocido por su relación con la presidenta de esa comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Y lo ha hecho a petición de la Fiscalía, que solicita a la magistrada que incluya a dos economistas de León, Javier Luis Gómez Fidalgo (como investigado) y Blanca López Crespo (como testigo). Respecto al primero, la Fiscalía quiere aclarar si pudo cooperar «de manera esencial» en los presuntos delitos de doble fraude fiscal y falsedad documental por los que se investiga a González Amador. En su escrito sostiene que dispone de indicios de que el economista podría haber «participado activamente» en ese proceso con el presunto fraude de 350.000 euros en los ejercicios de 2019-2020 y parte de 2021. Desde el entorno de Gómez Fidalgo se vive la situación «con total tranquilidad», porque la relación con la pareja de Ayuso como cliente se inició el 1 de junio de 2022, cuando por «un tercero» el empresario pidió a la asesoría leonesa que le representara ante Hacienda, tras haber recibido la notificación del inicio de una inspección fiscal a su empresa Maxwell Cremona relativa al impuesto de Sociedades del año 2000.

Indican que los hechos que se quieren investigar se sitúan antes, de 2019 a 2021, «luego difícilmente pudo ser cooperador de las presuntas facturas porque ni se conocían todavía ni figuraba como cliente esas fechas». Las mismas fuentes consideran que «cuando dos elefantes se pelean, la perjudicada es la hierba que pisan», en referencia a que aprecian motivaciones políticas para intentar hinchar y enredar el asunto y desgastar a la presidenta madrileña dilatando las diligencias. Gómez Fidalgo también se ha visto relacionado con el ático que ocupa la pareja de Díaz Ayuso y que algunos medios han puesto en el foco. La asesoría de la cual es socio se dedica, entre otras facetas, a la compra-venta y gestión de inmuebles en múltiples localidades. En el edificio de Chamberí puesto en cuestión, se dio la circunstancia de que una misma familia con siete hijos disponía del sexto piso y el ático. A Alberto González Amador le gustaba el ático, pero estaba alquilado. De modo que adquirió el sexto piso al fallecer la madre de esa amplia familia. Y, al parecer, según explican fuentes conocedoras del asunto, cuando González Amador se disponía a arreglar la vivienda, quedó libre de inquilinos el ático. En ese punto entró la asesoría leonesa, que adquirió el bien a través de Babia Capital S.L, para luego alquilárselo al empresario. La relación entre la asesoría de León y González Amador concluyó poco después, en septiembre de 2023, en que se derivó su caso a un bufete de Madrid cuando de Hacienda el asunto pasó al juzgado. El Ministerio Público también ha solicitado la comparecencia en calidad de testigo de la economista de Ponferrada Blanca López Crespo, quien asesoró a la empresa Maxwell Cremona, la cual figuraba como persona jurídica con la que pudo operar en el posible fraude a la Agencia Tributaria. El periodo inicial de doce meses estaba a punto de expirar el próximo 20 de marzo, pero con la solicitud de la Fiscalía de ‘llamar’ a los dos economistas leoneses se ha logrado alargar hasta el otoño. Precisamente hoy, hace un año, se produjo el intercambio de correos filtrado del abogado de González Amador con el fiscal García Ortiz para dar carpetazo al caso con una pena mínima.