León ya perdió 8,4 M€ por el defecto de publicación del IBI de 2008
Fachada del Ayuntamiento de León en Ordoño.
La reclamación por la tasa del tratamiento de la basura en 2024, que deja colgados 5,1 millones, remite a la pérdida que sufrió el Ayuntamiento de León por el incremento del IBI de 2008. Entonces, la reclamación judicial derivó en que el Supremo ratificará las sentencias de primera instancia y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que declararon la ilegalidad del procedimiento por el que el consistorio perdió 8,4 millones de euros.
En ese caso, los magistrados decretaron «radicalmente nula» la ordenanza fiscal debido a que, según la «información expedida por la Diputación» y el «documento notarial» aportado por el demandante, se demostró que «el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) que contiene la modificación de la ordenanza fiscal litigiosa no se publicó el día de su fecha, 31 de diciembre del 2007», como establece la ley para que pudiera aplicarse a partir del 1 de enero del 2008, «sino que lo fue, en su versión digital, el 2 de enero del 2008 y, en la de impresión ordinaria en papel, el día siguiente, 3 de enero del mismo año».
La sentencia firme llegó en 2012, cuando el PSOE ya no estaba en el gobierno de la ciudad. La ejecutó el PP de Emilio Gutiérrez, que decidió no reclamar frente a la Diputación de Isabel Carrasco, a la que los socialistas hacían responsable por la gestión del BOP. Como completo, el primer edil optó por extender la aplicación no sólo a los 61.500 que habían presentado recurso y tenían derecho, como se exponía en la sentencia judicial, sino a las 115.400 unidades urbanas que conformaban el padrón municipal de ese ejercicio.
El resultado fue una compensación en los recibos de los años posteriores con la que se enjugó el catastrazo aplicado por el PSOE: la subida del 26,4% de incremento que aplicó el Ayuntamiento en 2008, que suponía una media de 72 euros, pero que el alcalde popular no anuló como había prometido en campaña.
En ese caso, los magistrados decretaron «radicalmente nula» la ordenanza fiscal debido a que, según la «información expedida por la Diputación» y el «documento notarial» aportado por el demandante, se demostró que «el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) que contiene la modificación de la ordenanza fiscal litigiosa no se publicó el día de su fecha, 31 de diciembre del 2007», como establece la ley para que pudiera aplicarse a partir del 1 de enero del 2008, «sino que lo fue, en su versión digital, el 2 de enero del 2008 y, en la de impresión ordinaria en papel, el día siguiente, 3 de enero del mismo año».
La sentencia firme llegó en 2012, cuando el PSOE ya no estaba en el gobierno de la ciudad. La ejecutó el PP de Emilio Gutiérrez, que decidió no reclamar frente a la Diputación de Isabel Carrasco, a la que los socialistas hacían responsable por la gestión del BOP. Como completo, el primer edil optó por extender la aplicación no sólo a los 61.500 que habían presentado recurso y tenían derecho, como se exponía en la sentencia judicial, sino a las 115.400 unidades urbanas que conformaban el padrón municipal de ese ejercicio.
El resultado fue una compensación en los recibos de los años posteriores con la que se enjugó el catastrazo aplicado por el PSOE: la subida del 26,4% de incremento que aplicó el Ayuntamiento en 2008, que suponía una media de 72 euros, pero que el alcalde popular no anuló como había prometido en campaña.