El juzgado ordena al Ayuntamiento de León pagar ya los 1,3 M€ de la sentencia de La Lastra

Después de 21 años, el Ayuntamiento de León no podrá dilatar más el pago de la deuda con la junta de compensación del sector de La Lastra. Pero pasado todo este tiempo, la factura principal de 554.622,59 euros que se reclaman como parte de los gastos de urbazación se ha convertido en 1.304.187,67 euros, como detalla el auto del juzgado contencioso administrativo número 2, que ordena a la administración municipal que abone la cantidad antes de 20 días. Si no lo hacen, sus responsables y funcionarios se enfrentan a «multas coercitivas de 150 a 1.500 euros» y a que se les exija «responsabilidad penal», como se recoge en el pronunciamiento que desbarata la última maniobra del consistorio para dilatar el abono, en la que incluso presentó el escrito de oposición a la medida «fuera de plazo».

El auto, contra el que cabe recurso pero sin que evite que tenga que hacerse el pago efectivo ya, se apoya en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del pasado 4 de julio. El fallo asienta la obligación municipal de pagar las cuotas a la junta de compensación del sector, en la que constaba como socio al contar con casi el 40% del total del suelo. Sin salirse del guion marcado por los magistrados del Alto Tribunal, la jueza del contencioso administrativo número 2 reconoce el derecho invocado por la representación jurídica de los propietarios, llevada por la letrada Beatriz Llamas, y su liquidación de cantidades: 554.622,59 euros del principal y 749.565,08 euros de «intereses calculados hasta el 1 de julio de 2024, sin perjuicio de ulterior liquidación, más el interés legal incrementado en dos puntos de 554.622,59 euros desde la fecha de notificación de la sentencia».

Esta coletilla última da pie al abono de otros cerca de 52.000 euros. La cifra corresponde a los intereses que reclama la junta de compensación desde el 4 de julio que se dictó la sentencia del TSJ hasta ahora: más de ocho meses ya en los que el Ayuntamiento no sólo dejó correr el plazo para recurrir en casación ante el Supremo, pese a que se había ganado el pleito en primera instancia, sino que además no dio cuenta del fallo hasta la junta de gobierno del 28 de febrero de 2025. Enterado entonces, a pesar de que en ese tiempo desoyó cuatro notificaciones, el consistorio ha intentado ahora defender que la factura principal asciende a 470.426,75 euros y que los intereses deben ir en otro procedimiento.

No lo admite la jueza, que afea al Ayuntamiento de León que presentara «el escrito fuera de los plazos establecidos para formular oposición a la ejecución despachada o para alegar la concurrente de causa de imposibilidad de la ejecución». El documento, que primero se envió sin escrito procesal y dos días después se corrigió con la inclusión de la letrada asesora, «se limita» a manifestar que ‘se encuentra en la tramitación administrativa y económica y económica para el correcto y completo cumplimiento de la resolución, pendiente de determinar el alcance económico de la sentencia’, sin formular oposición alguna frente a la cantidad reclamada y sin alegar que exista causa de imposibilidad legal o material alguna de ejecutar la sentencia».

El escrito municipal insistía en el argumento de hacer el pago cuando se liquidara la junta de compensación. Pero, como ya se subrayó en la sentencia del TSJ, el abono «ha de tener lugar con independencia y sin perjuicio de que en fase de liquidación deban detraerse las cantidades que se detallaban en el acto recurrido». Entonces, «se verá y comprobará si le corresponde algo, o no», como defendió la representación jurídica de los propietarios, que insistía en que el consistorio no puede «compensar previamente ningún importe de una futurible liquidación».

El documento de la abogada Beatriz Llamas, al que da la razón la jueza, subraya que «seguir retrasando el pago de esa deuda (principal e intereses) significa dilapidar dinero público de forma irrazonable». «Como podemos entender, un Ayuntamiento puede ser deficitario en recursos y patrimonio propio para atender el cumplimiento de una sentencia judicial; pero lo que no podemos admitir es la desatención de sus responsables, tanto políticos como funcionariales, ante el cumplimiento de esta sentencia firme, ni de poner en marcha los mecanismos que la ley habilita para poder cumplirla», se remarca en el escrito, en el que se insiste en que «no existe excusa alguna para consignar y cumplir con el pago debido». El mismo pago que se reclama desde 2004. Entonces, eran 554.622,59 euros. Ahora, al consistorio le costará el empecinamiento 1,35 millones de euros.