El futuro de un colectivo de 14.000 guardias civiles se decidirá en los Juzgados de León

La plataforma Regeneremos Jucil ser personó en los juzgados leoneses, donde está en proceso una causa por la demanda de varios miembros y excargos de esta asociación profesional de guardias civiles contra el secretario general, al que denunciaron por malversación, apropiación indebida y estafa. 

León se convierte así en el epicentro del pleito por Jucil, que se constituyó en la capital leonesa, y que agrupa a casi 14.000 afiliados. Javier Montero, que es portavoz de esta plataforma, explicó que en la denuncia se pide al juzgado que exija a la dirección de Jucil las cuentas de los tres últimos ejercicios. «Planteamos ante el juzgado que se pidieran las cuentas de los años 2022, 23 y 24, para que se auditen los gastos del secretario general de Jucil" (Justicia para la Guardia Civil). Los asociados habían denunciado presiones por parte del máximo responsable de la organización así como la apertura de expedientes disciplinarios «de forma irregular y sin fundamento estatutario». 

Según la denuncia, los demandantes fueron privados de participar en la Asamblea extraordinaria celebrada en Madrid el pasado 10 de marzo, en la que se abordaron cuestiones «de gran calado» sobre el futuro de la asociación. «Esto se produce sin haber resuelto los expedientes disciplinarios y sin que existiera causa objetiva recogida en los estatutos, vulnerando derechos fundamentales de los asociados». 

En la denuncia de Regeneremos Jucil se apunta a que «el uso de fondos de la asociación, que recibe subvenciones públicas, se podría haber realizado sin el debido control ni justificación, como el uso de la tarjeta corporativa de Jucil por parte de su responsable para cubrir gastos personales que no estarían relacionados con la actividad de la asociación», indicó Montero, dirigente provincial en La Coruña de esta asociación, además de portavoz del movimiento que agrupa a Regeneremos Jucil. En el mismo relato, añade que en la relación de supuestas irregularidades en la gestión del comité se añade la petición de que se indague en la «manipulación de los registros contables para justificar gastos personales como reuniones de trabajo, la duplicación de gastos en repostajes y comidas sin justificación y la omisión de ciertos gastos en los informes contables oficiales, impidiendo su correcta fiscalización». 

En este avance de la denuncia presentada por la plataforma, que ayer registró incidencias en el proceso judicial «León se convierte en el epicentro de los que es un intento por recuperar los principios fundacionales de Jucil», una asociación que ha alcanzado una posición mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil», añadió Montero. El actual secretario general de la asociación, Ernesto Vilariño, declaró en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de León por supuestas irregularidades denunciadas. Javier Montero añadió que la actual dirección «pone en riesgo la credibilidad y legitimidad de la organización, fundada sobre principios de participación democrática y defensa de los guardias civiles».