Los más de 2.500 vehículos que han pedido permiso en las calles peatonales de León no lo tienen aún

No dan abasto para atender el aluvión de solicitudes de acceso a las nuevas calles peatonales. Con cerca de 2.500 peticiones apiladas en la mesa y las que se admite que llegan sin cesar todavía, los servicios municipales no han sido capaces por ahora de meter dentro del sistema las matrículas que libren a los beneficiarios de que les lleguen una multa. Ni una sola de las confirmaciones que les prometieron que les llegarían cuando cursaron la instancia les ha llegado. A nueve días, los operarios trabajan a contrarreloj desde hace semanas para llegar a la fecha del 20 de junio.

A partir de ese momento se acabará el periodo de gracia y las cámaras, que ya se encendieron el 1 de junio, comenzarán a cursar las sanciones, si al final el equipo de gobierno de José Antonio Diez en el Ayuntamiento de León decide obviar las advertencias del Procurador del Común que le advierten de que no tienen la «debida cobertura normativa» para sustentarlas.

Esta indefinición jurídica condiciona la puesta en funcionamiento del sistema de peatonalizaciones de San Agustín, Alfonso V, Gil y Carrasco, Ramiro Valbuena que Diez adornó primero como «calmado del tráfico». El término envolvió el proyecto que se publicitó antes de las elecciones municipales, sin que se admitiera entones que se cortaría el tráfico. Pero el velo terminó por caer en el otoño de 2023, con el PSOE de nuevo en la Alcaldía, cuando se confirmó la restricción del tráfico amparada, según el gobierno municipal, en la petición de los vecinos y comerciantes.

El anuncio se sustanció casi un año después con la emisión del bando de Alcaldía del 14 de noviembre de 2024 en el que se fijaba la conversión de estas cinco calles en peatonales, además de la suma de la carretera de Los Cubos y Carreras y, más adelante, de Fuero. En ese documento, único aval administrativo que hasta ahora tiene la medida, se fijaba como plazo para la puesta en funcionamiento el 1 de marzo.

La fecha venció sin que fueran capaces de ejecutarla. Las protestas de los vecinos, las reclamaciones del PP y la resolución del Procurador del Común forzaron que se acordara una demora en la entrada en vigor hasta el 1 de junio: tres meses más para presentar las solicitudes de acceso a las calles peatonalizadas y que el Ayuntamiento de León las gestionara.

Se han quedado cortos de nuevo. La avalancha de solicitudes ha colapsado el operativo. Ni siquiera el refuerzo dispuesto, con dos personas dedicadas en exclusiva a la tarea, ha sido suficiente para que puedan cotejar que cada una de las peticiones, con sus correspondientes documentos exigidos, cumple con todos los requisitos. Una vez aprobadas, se meten en el sistema de registro todos los datos acreditativos, como ya sucede con los permitidos para el casco histórico y Ordoño II desde hace tiempo.

Sin la formalización del perfil de acceso, las cámaras de lectura que hay en las entradas de las calles peatonales no detectan la matrícula dentro del listado de vehículos con permiso de paso. Como respuesta inmediata, el sistema envía el correspondiente aviso de sanción para que se curse el boletín desde las dependencias de la Policía Local, con un cargo de 80 euros, aunque sin retirada de puntos del carnet de conducir del infractor.

Pero, ahora mismo, a nueve días de que expire el plazo, no todos los ciudadanos que lo han solicitado y cumplen las condiciones están incluidos dentro del sistema que les librará de estas multas. El problema se suma a la advertencia del Procurador del Común, que insta a Diez a no imponer «restricciones a la circulación de vehículos dentro de las zonas peatonales hasta que no sea aprobada la ordenanza correspondiente, que proporcione la debida cobertura normativa». No se aprobará, como pronto, hasta finales de septiembre. Diez debe decidir si está por encima de este aviso.