El TSJ paraliza las nuevas peatonalizaciones del centro de León

Después de meses de polémica, el recurso del PP contra la tramitación de las peatonalizaciones en el centro de León se ha resuelto en los tribunales. Los magistrados del TSJ de Castilla y León “han dado la razón al grupo municipal popular”, como anunció este miércoles su portavoz, David Fernández, quien aireó la sentencia que reseña “la ilegalidad de las actuaciones del alcalde y acuerda la suspensión de los bandos de Alcaldía del Ayuntamiento de León que impedían el acceso libre de vehículos a las calles citadas en el bando”.

El fallo, citó Fernández, recoge que “el alcalde ha actuado contra el ordenamiento jurídico y vulnerado los derechos fundamentales de los ciudadanos con sus decisiones, haciendo propios todos los fundamentos jurídicos realizados por el PP”. 

Los populares recordaron que su recurso ha logrado “el establecimiento de medidas cautelares dada la grave ilegalidad que se estaba cometiendo, el grave atentado del alcalde contra los derechos fundamentales de los leoneses y el grave perjuicio económico que se estaba causando”. Pese a que se denegaron en primera instancia, ahora el TSJ da la razón y elimina cualquier opción de empezar a multar tan solo con el sustento de un bando de Alcaldía, como pretendía Diez, en San Agustín, Alfonso V, Gil y Carrasco, Ramiro Valbuena, Carreras, carretera de Los Cubos y, en los próximos meses, Fuero. No afecta la libre circulación a Ordoño II, cuya peatonalización fue anterior y no se ponía en cuestión en el recurso judicial. 

Fernández abundó en que la zona de bajas emisiones es “a todas luces innecesaria, improvisada y mal planteada”, además de que “carecía del aval de un proyecto técnico y, también, del soporte jurídico exigido por la ley”. El portavoz de los populares incidió en que “Diez mintió y engañó a todos los leoneses antes de las elecciones, diciendo y contratando unas obras de calmado de tráfico, es decir, de convivencia entre peatones y vehículos, para después de las municipales imponer unilateralmente una zona de prioridad peatonal y finalmente una peatonalización ilegal”.

El líder de los populares en el Ayuntamiento de León insistió en que la zona de bajas emisiones “tiene mucho de ideológica y caprichosa y poco de racional y justificable”. Las peatonalizaciones son “perjudiciales”, subrayó Fernández, porque “no existía, ni existe, una alternativa de circulación y aparcamiento que permita restringir el acceso a esas calles, sin causar un perjuicio real y grave a toda la ciudad”, donde “el tráfico se ha colapsado en su parte central y en la que intentar aparcar en el centro para ir al trabajo, de compras o a tomar un café es, prácticamente, un imposible”. “Diez ha convertido el centro de León en un infierno para los ciudadanos. Con este alcalde, los leoneses tienen que gastar más tiempo y más dinero en aparcar su vehículo”, resumió.

El portavoz de la oposición recalcó que “el señor Diez lleva pensando y actuando como si la ciudad fuera su cortijo”, frente a “las advertencias del PP y de los requerimientos del Procurador del Común, amparado necesariamente por sus socios de la UPL”. Pero la sentencia es “un golpe rotundo de realidad a la soberbia habitual del alcalde y una enmienda a la totalidad al proyecto estrella de este mandato”, apuntó Fernández.

Con el fallo en la mano, acompañado por el abogado que la ha llevado, el ex concejal de Ciudadanos Carlos González Antón, Fernández recordó que “tiene efectos inmediatos” y “gracias a la acción del Partido Popular, los caprichos del alcalde dejan de tener efecto y los leoneses ya no tienen restringidos sus derechos en su ciudad”. Como admitió el edil, “el pleito principal continúa y en él se ventilarán todas las acciones realizadas en estas calles, por ejemplo las relativas a su regulación o al cambio de la finalidad del proyecto original por decisión unilateral del alcalde”, aunque en la sentencia de medidas cautelares los magistrados ya asientan que "el bando del alcalde de León impugnado incide en una nulidad de pleno derecho evidente y notoria".

Pese a esta fase pendiente del proceso, Fernández reclamó a Diez que “acate la decisión judicial y revierta el uso de las vías al estipulado en el contrato de obras de adecuación de las mismas: el calmado de tráfico que permita la convivencia entre viandantes y vehículos con una velocidad de circulación limitada a 10 kilómetros por hora”. Junto con esta medida, el portavoz del PP exigió al alcalde “la paralización de la actual tramitación de la nueva Ordenanza de Movilidad, por su contenido relativo a la zona de baja emisiones, retirando el punto del orden del día del Pleno Ordinario” de este viernes. “No se puede aprobar una ordenanza fraudulenta que nace viciada tratando de justificar, a posteriori, una serie de actuaciones llevadas a cabo hace muchos meses, que ha violentado los derechos de los ciudadanos y que ha sido tumbadas por los tribunales”, describió.

Con todas estas acciones previas anuladas, Fernández propuso “el inicio del procedimiento de elaboración de una nueva Ordenanza de Movilidad en lo relativo a la zona de bajas emisiones, ajustada a la ley, sincera y asentada sobre la premisa del diálogo de los grupos municipales y no sobre la unilateralidad del alcalde”.

Para lograrlo, el portavoz del PP dejó caer que “UPL, que se dice oposición pero que son dóciles socios de gobierno y cooperantes en la sombra de esta chapuza legal”, debe ponerse, “de una vez por todas, serio con el alcalde y no repetir papelones como el de llegar a tachar de negligente la gestión del alcalde un día y al día siguiente abstenerse de su reprobación”.

Las críticas las cebó Fernández además con el recuerdo de “la gestión negligente que ha ocasionado las pérdidas millonarias de ingresos del aparcamiento subterráneo de San Marcelo y las concesiones de contratos en precario”. Dentro de esta bagaje, “la gravedad de esta sentencia judicial con respecto a la actuación del señor Diez es muy relevante”; tanto que “el señor Diez estaría despedido, si fuera el máximo responsable de la gestión en una empresa privada”. “Ya habría sido despedido hace tiempo por los continuos reveses judiciales, los millonarios sobrecostes que su gestión caprichosa y torpe que ha tenido para los leoneses y su nula capacidad para hacer funcionar adecuadamente los servicios municipales a pesar del incremento del gasto”, enumeró Fernández, quien preguntó “quién asume las responsabilidades en este gobierno, quién dimite o, al menos, pide perdón”.