Kapsch Trafficcom elude revelar datos clave de la instalación del radar de Eras

Responsables de la empresa que se encarga del negociado del control del tráfico en León rechazaron aportar detalles sobre el proceso de instalación del radar en el descampado de la carretera Carbajal. Como el equipo de gobierno municipal ante las preguntas de la UPL sobre este asunto, se reservaron los detalles sobre fechas de instalación y metraje o calibración, además de la orden que les giró el Ayuntamiento para colocar el radar en esta carretera radial del arrabal norte de la capital leonesa. Los detalles que también rehusó aportar la multinacional podrían resultar vitales en la defensa de los damnificados por la operación, en recursos administrativos o judiciales amparados por las irregularidades en el proceso del despliegue y puesta en servicio del cinemómetro, además de los motivos esgrimidos para su instalación en ese punto exterior al casco urbano donde se ha identificado como un elemento clave para la seguridad vial en una plataforma donde rozan cuatro carriles y se rige por una limitación de velocidad similar a la que se aplica en la calle Lope de Vega, u otra similar. Damnificados que, tal y como alardeó el portavoz municipal Vicente Canuria mientras daba respuesta a las incógnitas planteadas por UPL, superan los 130 en ese lugar sin número, portal ni piso de la carretera de Carbajal. La empresa concesionaria es Kapsch Traficcom, que se define en su información corporativa como exponente mundial de la tecnología, inversora en desarrollo para sacar al mercado nuevas tecnologías y soluciones. «La fuerza innovadora, el espíritu pionero y la orientación al cliente convierten a la empresa en una de las compañías tecnológicas más exitosas de Austria», expresa en uno de sis sitios oficiales en la red, donde exhibe su despliegue por continentes y países. Su visión: «Desafiar los límites de la movilidad para un mundo saludable sin congestión con soluciones innovadoras para el transporte y el tráfico. Siempre con el objetivo de proteger el medio ambiente y reducir las emisiones». Su misión: «Crear soluciones innovadoras para el transporte y el tráfico para una movilidad sostenible. Esto permite a los usuarios llegar a su destino de forma cómoda, puntual, segura y eficiente, con un impacto medioambiental mínimo», explica entre las líneas corporativas sobre sus objetivos que pueden reinterpretarse al pie del polémico radar del erial en Eras, en la carretera Carbajal, alejado en varios cientos de metros del último bastión habitado de la urbe.

La multinacional que maneja las multas en León también sortea detalles que buscó la UPL sobre la decisión de ubicar el radar en este punto

Esa posición de liderazgo en la gestión de servicios de la que presume la multinacional austríaca en León se refleja con una presencia transversal en la gestión de las multas y sanciones de tráfico que recauda el Ayuntamiento. Control de tráfico, la regulación de los semáforos, el radar fijo, los fotorrojos que mitifican los semáforos, los controles de acceso al casco histórico y a Ordoño II; las cámaras que están en estado latente a la espera de la orden para aplicar el criterio de las bajas emisiones para una nueva familia de sanciones económicas; y el equipo para los coches patrullas que permite la lectura de matrículas y multar sobre la marcha.

Semáforos, fotorrojo, radar o cámaras de acceso a los santos lugares de la peatonalización le reportan a la compañía austriaca más de medio millón de euros anuales (588.210 euros, según el último contrato hecho público por el Ayuntamiento leonés); además, los aparatos de control del perímetro de bajas emisiones le reportan la cuantía de 1,9 millones de euros. La polémica en torno al radar del descampado de la carretera de Carbajal, que algunos medios afines al equipo de gobierno municipal han dado en colocar en Padre Isla o en una zona peatonal, dio un salto cualitativo en el último pleno, cuando el equipo de gobierno cumplió con la obligación de ruegos y preguntas que le había dejado la UPL en junio, tras el rastro de polvareda social que alertó de que la ubicación del radar en ese descampado levantaba más que sospechas. UPL, único grupo político en combatirlo, no tardó en advertir de una «clara» motivación recaudatoria.