León no tendrá planta de biometano al no generar suficientes residuos

La Junta de Castilla y León desiste de construir una planta de producción de biometano en el complejo que levantará en Puente Castro para alimentar la red de calor, debido a «la ausencia de garantía de cantidad suficiente de fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos de la ciudad de León». Es la justificación publicada ayer en el Bocyl, que acepta la declaración de desistimiento por parte de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), que archiva el expediente. El objetivo era producir biometano a partir de la digestión anaerobia de residuos orgánicos de la ciudad.

El Proyecto Regional de instalación de un complejo destinado a la producción de energías renovables en León (publicado el pasado 18 de julio) contemplaba la construcción de instalaciones destinadas a la producción de calor mediante biomasa, energía eléctrica fotovoltaica, hidrógeno y biogás. Esta última es la planta que ahora se retira del proyecto, que mantiene las otras fuentes de generación.

Un proyecto que ha provocado contestación social, sobre todo entre los vecinos de Puente Castro, donde se ubican los terrenos en los que se instalará el complejo.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, insistió en que las redes de calor son beneficiosas, y por eso no renuncian a la de León. Argumentó que se eliminarán 500 chimeneas en la ciudad, con lo que mejorará la calidad del aire, y además se abaratará el coste de la calefacción y el agua caliente para instituciones y familias de la provincia.

Desde la Plataforma Vecinos León Sur contestaron ayer a sus argumentos, ya que consideran que se emitirá similar cantidad de CO2, pero «al lado de nuestras viviendas». Explican también en un comunicado que 65 kilómetros de tuberías y calles abiertas durante años generarán un «enorme trastorno».

Denuncian además que hasta el momento «no se ha presentado ninguna comparativa real ni objetiva de los costes», por lo que «resulta difícil confiar en los supuestos beneficios económicos de una inversión de más de 70 millones de euros sin transparencia, ni garantías ni análisis públicos».

Por lo que proponen que el consejero firme un «documento vinculante» con los vecinos «en el caso de que el ahorro prometido no sea tal». Y otro con los residentes que vivan en un radio de 3 kilómetros para establecer un seguimiento sanitario, porque «se asegura insistentemente que no existe ningún riesgo para la salud, pero sin garantías ni estudios técnicos».

Tanto el consejero como los vecinos se han mostrado «dispuestos al diálogo». "Nos encantaría escuchar los criterios técnicos y económicos del consejero".