La empresa histórica del aparcamiento de San Marcelo en León gana más de lo que reclamaba

Consiguió más de lo que reclamaba y, ahora, la concesionaria histórica del aparcamiento de San Marcelo decide retirarse de la lucha judicial. Después de que la inacción del equipo de gobierno del Ayuntamiento de León le permita mantener el negocio todavía a día de hoy, pendiente de que se formalice el contrato con la nueva empresa, Essera ha decidido retirar el recurso que había tramitado ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para pelear por que se le ampliara el periodo de explotación, que venció el 22 de junio de 2022, durante dos años y cuatro meses más con motivo de la crisis del covid-19. Van ya tres años y dos meses en los que ha hecho caja extra, sin que vaya a tener otra penalización que el pago al consistorio de las costas procesales impuesto por el juzgado contencioso administrativo.

La condena debe aquilatarse aún en el contencioso administrativo número 3 de León, que en febrero de 2024 desestimó las pretensiones de la empresa. Esta primera instancia tendrá que atender la liquidación que le remita la asesoría jurídica del consistorio de la capital leonesa que el juzgado estableció como indeterminada: un supuesto suele resolverse con una factura de 18.000 euros.

La cantidad supera con creces los ingresos que acumula la empresa concesionaria a mayores de los que le hubiera concedido el contrato de 50 años, que empezó a contar el 22 de junio de 1972. Pero, en lugar de reclamar el rescate de la concesión antes de esa fecha, el gobierno de José Antonio Diez dejó correr el plazo a pesar de que, según el estudio de los técnicos municipales, cada mes le hubiera reportado a la administración unos beneficios de 30.060,68 euros. A día de hoy, suman 1.142.305,84 euros que se han dejado escapar de ingresar en las arcas municipales por este activo.

De facto, el Ayuntamiento de León ha permitido que la empresa lograra más de lo que solicitaba en el juzgado. Ahí, el 17 de junio de 2022, pidió que se le concediera una ampliación de la duración de la concesión administrativa para «restablecer el equilibrio económico» y poder «compensar la reducción de ingresos provocada por las medidas sanitarias decretadas con motivo del covid-19». En el escrito, argumentaba que el consistorio debía permitirle la explotación durante «dos años y cuatro meses más de los cincuenta años establecidos inicialmente» para paliar «la reducción de un 53% de los ingresos en el año 2020, respecto a los del año 2019».

El fallo del juzgado de primera instancia reseñó que «las pérdidas relevantes, esto es, las que pueden afectar al equilibrio económico del contrato, no pueden ser las producidas durante un periodo de tiempo, como es la duración del estado de alarma, que debe considerarse como ‘corto’ —si se permite la expresión— en relación con toda la vida del contrato (que en el caso que nos ocupa es muy largo)». La sentencia se firmó el 2 de febrero de 2024, cuando todavía no se llegaba a los dos años y cuatro meses de prórroga, por lo que la empresa decidió recurrir al TSJ por si acaso.

A efectos prácticos no importó mucho. El gobierno municipal, pese a las reclamaciones del PP y la UPL desde el mandato pasado, no sacó el nuevo contrato hasta el 31 de enero de 2025. Ya se había superado el plazo de compensación que solicitaba Essera. Aún no ha dejado de correr ese tiempo extra que ha logrado de todas formas.