Imputado un abuelo leonés por abuso sexual continuado de su nieta, que era menor de 16 años
La Audiencia se hace cargo de la instrucción del asunto de cara al previsible juicio; la denuncia inicial del caso se presentó hace ya siete años
Imagen de archivo de una intervención de la Guardia Civil con una menor.
La Audiencia Provincial ha adoptado la determinación de hacerse cargo de la instrucción judicial referente a la causa abierta contra un abuelo leonés, acusado de la «introducción de miembros corporales por vía vaginal» sobre su nieta, una niña de menos de 16 años, cuya madre ha puesto el asunto en manos del conocido abogado madrileño Marcos García Montes.
El sospechoso, representado en este procedimiento por el letrado leonés Enrique Arce, sostiene que no existen pruebas de la comisión de un delito continuado de abusos sexuales y entiende que la causa debería de ser archivada porque no existen indicios, ni datos objetivos, «ni corroboraciones periféricas para calificar los hechos como delito contra la libertad sexual sobre menor de edad», según reza en el auto judicial.
La causa procede de Instrucción 3 y la denuncia data del año 2018. Por el momento se mantiene en secreto excepto para las partes la tramitación del caso. «Lo que determina el tipo de procedimiento por el que deben seguirse las actuaciones no es la existencia de indicios, sino el tipo de delito que se investiga y en este caso, resulta un posible delito de abuso o agresión sexual continuado a menores de 16 años con la agravación de introducción de miembros corporales por vía vaginal imputada a su abuelo paterno», explica la magistrada ponente en un auto.
SIN PREJUICIOS
Por lo tanto, «debe tenerse en cuenta que, la resolución recurrida, en modo alguno, está prejuzgando el resultado de las diligencias instructoras a practicar», dice la magistrada, que recuerda que con su decisión se limita a «instruir la causa para realizar actuaciones encaminadas a la averiguación de los hechos, para decidir si luego se abre o no el juicio oral a los efectos de dilucidar si existe o no responsabilidad penal».
El sospechoso del asunto es el abuelo paterno y la persona que se encargó de denunciar los hechos fue la madre de la niña. Siete años después, la causa llega al Palacio de Justicia para que se dilucide si se abre juicio oral por los hechos denunciados, a la vista de la gravedad que comporta la acusación. La defensa mantiene su tesis de que nunca hubo delito.