El gobierno de Diez se desata las manos para poder multar en las nuevas calles peatonalizadas

Ya no hay obstáculo, a menos que vuelvan a topar con la justicia. El Ayuntamiento de León aprobó este viernes la ordenanza de movilidad que sustenta el corte de tráfico en otras ocho calles del centro. El PSOE, con el apoyo de UPL, frente a los votos en contra de PP, Vox y el edil no adscrito, y pese a las alegaciones de las asociaciones de comerciantes, sacó adelante la normativa con la que podrá empezar a multar en estas vías a partir de final de este mes.

La fecha queda pendiente ahora de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). A partir de que se asiente en este tablón, al que se enviará ahora, se tendrán que contar 15 días hábiles para la entrada en vigor. Superado el plazo, el consistorio podrá encender las cámaras que sancionarán con 80 euros a quienes entren sin autorización en Alfonso V, San Agustín, Gil y Carrasco, Alférez Provisional, Alcázar de Toledo (entre San Agustín y plaza de La Inmaculada), Villabenavente (entre Arquitecto Torbado y Burgo Nuevo), Fuero y Ramiro Valbuena.

De nada sirvieron las alegaciones de los comerciantes, a los que el alcalde, José Antonio Diez, puso de pantalla hace dos años para justificar en 2023 la peatonalización completa de las calles. Pero las reclamaciones de los cuatro colectivos, León Norte, León Gótico, León Centro y Aleco desmienten ahora que fueran las promotoras y reclama lo que se les prometió antes de las elecciones: “el calmado del tráfico” consistente en la limitación fe circular a 10 kilómetros por hora.

Aunque tanto los comerciantes como el PP estudian ir a los juzgados para intentar bloquear la medida. A la espera ver cómo se resuelve, las sanciones solo dependen del día que Diez active las cámaras, mientras los vecinos y afectados siguen con las quejas por la falta de respuesta a decenas de peticiones de autorización que les dejan en incertidumbre.

La decisión la justificó el alcalde, José Antonio Diez, en que “el objetivo es cumplir la legalidad y lograra la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos”. El primer edil socialista reseñó que se trata de “una ordenanza que se hace por obligación legal” y, ante los avisos del PP de acudir a la justicia, dejó caer que “nadie sabe jurídicamente cómo va a acabar”.

En la defensa abundó el portavoz del equipo de gobierno. Vicente Canuria expuso que la ordenanza se hace para “cumplir los objetivos de desarrollo sostenible”. “León es una ciudad que tiene menos necesidades que otras”, concedió el edil, quien se extendió en que “nunca ha estado por encima” de las emisiones que se marcan para, a mayores de las calles ahora peatonalizadas, implicaría restringir todo el centro.

Canuria incidió en que “serán los tribunales quienes tengan la última palabra”, pero defendió que el equipo de gobierno “no comete ninguna ilegalidad”. “Actuamos con buena fe. Si en el futuro tuviéramos que hacer alguna modificación, así lo haríamos”, recalcó el edil socialista, quien insistió en que “es una ordenanza buena para la ciudad y para la calidad de vida de sus habitantes”.

UPL avisa de que si no se hace, el Ayuntamiento “puede verse penalizado”

Como sustento, la UPL argumentó que “esta ordenanza hay que aprobarla antes de 31 de diciembre si no queremos ver penalizado al Ayuntamiento de León”. El líder de los leonesistas aprovechó también para criticar al portavoz del PP, David Fernández, a quien acusó de ser “un correveidile de Mañueco que tiene que venir a hacer campaña para las autonómicas”.

El PP ve “engaño, chapuza e ilegalidad”

No coincidió el PP, que resumió la ordenanza con “tres palabras: engaño, chapuza e ilegalidad”. El portavoz de los populares, David Fernández, insistió en que la normativa nace “viciada de nulidad, pero aprobada antes que trabajada”.

Fernández incidió en que las críticas llegan también de las asociaciones de comerciantes”. “Esas a las que mintió y puso de coartada para su decisión personalísima, señor Diez”, apostilló el edil de la oposición, quien acusó a UPL de ser cómplices de la decisión.

Vox critica “la patraña climática”

Vox también votó que no. Blanca Herreros insistió en que se basa en “el desacuerdo con la implantación de una zona de bajas emisiones que restringe la movilidad y los derechos de los vecinos por una motivación puramente ideológica basada en la patraña climática”. “No mejora la vida de los ciudadanos, ni ordena la circulación. Todo lo contrario”, expuso, antes de sentencia que se trata de “restricciones de derechos, vigilancia y multas, lo que caracteriza al socialismo”.