Courel lleva una 'factura' millonaria en obras pendientes en León a la cumbre con Óscar Puente

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel (PSOE), y el vicepresidente primero y diputado de Infraestructuras, Roberto Aller Llanos (UPL), mantienen a las 10.00 horas de esta mañana en Madrid una reunión clave con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para exirgirle que de respuesta ya a las principales demandas de inversión en infraestructuras pendientes en la provincia.

La delegación leonesa acudirá al encuentro con una cartera de proyectos que, según la Diputación, son cruciales para el desarrollo económico y la vertebración territorial, y que suman una inversión necesaria de cientos de millones de euros. Entre ellas, le trasladarán la urgencia de construir la terminal de carga del aeropuerto y ampliar la pista de 3.000 a 4.000 metros, valorada en 43,6 millones según el último Estudio de Viabilidad. Esta obra se considera clave para el tejido industrial de la provincia.

En la lista también llevan la solución al Nudo Ferroviario del Manzanal. La Diputación reclamará una decisión y la consignación presupuestaria para modernizar este «lazo» en el trazado Ponferrada-León. El proyecto, esencial para el Corredor Atlántico de Mercancías, tiene una cuantificación estimada de unos 600 millones de euros.

La integración de Feve en la trama urbana de León ciudad para que los trenes lleguen hasta la estación de Matallana, en lugar de quedarse a tres kilómetros del centro urbano, constituirá otro de los asuntos centrales del encuentro con el ministro, al que también se entregará una carta del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo sobre el soterramiento.

Aller trasladará esa demanda histórica del principal municipio del área metrolitana leonesa para que se soterren las vías del tren a su paso por Trobajo del Camino, una actuación cuya envergadura se estima en cientos de millones de euros. Además, pondrá sobre la mesa la necesidad de financiación para la moderniación de varias carreteras.

La reunión, que se celebra en un contexto de reivindicación leonesa por la falta de inversión en comparación con otras provincias, busca arrancar al ministro un «calendario y un compromiso firme» para que estos proyectos dejen de ser promesas y se conviertan en realidades con dotación presupuestaria en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Además, Álvarez Courel abordará la situación de los peajes que afectan a las conexiones leonesas, como los de la AP-71 (Astorga-León) y la AP-66 (León-Campomanes). El presidente de la Diputación asegura que expondrá al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible «todas las reivindicaciones realizadas por los grupos políticos con representación en la institución provincial desde hace un año». La fecha del encuentro se ha dilatado «a causa del permiso por paternidad» del titular del Ministerio.

«Plantearemos al ministro todas aquellas peticiones, desde la primera hasta la última, que a lo largo de este último año se han recibido», recalcó ayer en el pleno de la Diputación, tras preguntar el PP cuándo se produciría la reunión entre la institución provincial y Óscar Puente.

En ese contexto, el líder de la institución provincial afeó a los populares que el pasado 4 de septiembre se solicitó una reunión con el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, y aún no ha habido respuesta. «Miren a ver si nos hacen las gestiones para celebrar ese encuentro», expresó.

"Soterrar no es un lujo"

«Cuando nos referimos al soterramiento no estamos hablando de una obra de lujo, sino de una actuación urgente, que debería haber estado ejecutada hace años, como ya se ha hecho en otras ciudades», destaca la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, Ana Fernández Caurel, en la misiva que su compañero de UPL, Roberto Aller, llevará al ministro de Transportes. 

En ella alude al «consenso social y político» en torno al soterramiento, solicita una reunión con Óscar Puente y le invita a visitar el municipio para conocer de primera mano la magnitud del problema y las consecuencias diarias que supone esa «fractura física y social» para los más de 30.000 habitantes de San Andrés del Rabanedo. La regidora apela al Gobierno a poner fin a esta «injusticia histórica».