Los empleados públicos de León exigen 18 M€ de retrasos salariales sólo de este año

Más de 18 millones de euros a final de este año, 15 millones a mes de octubre, es lo que los sindicatos calculan que se les adeuda a los empleados públicos de la provincia de León en remuneraciones sólo en este ejercicio por la congelación de sus sueldos desde 2024. Una falta de actualización de los salarios que amenaza con extenderse al próximo año, ante la falta de negociación sobre la revisión.

Una situación que podía cambiar a partir de la próxima semana, ya que el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, que preside Óscar López, anunció ayer un encuentro para el próximo miércoles tras las protestas llevadas a cabo en todo el país, preámbulo, según Csif, CC OO y UGT, de una gran manifestación en noviembre y una huelga general en diciembre si no se producen avances. Ayer decenas de trabajadores se concentraron en León ante la Subdelegación del Gobierno.

Los trabajadores de las distintas administraciones públicas únicamente han visto incrementados sus sueldos este año en un 0,5%, fruto de un acuerdo de 2023 que afectaba a los incrementos de 2024 y 2025 por el aumento de la inflación. Sin embargo, ni a finales del año pasado ni a lo largo de este se ha negociado y llegado a un acuerdo sobre la subida salarial de este colectivo, que aglutina a 31.435 personas en León, según el último dato de personal al servicio de las administraciones públicas.

Un 20% de pérdida

Los sindicatos advierten de que la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2010, cuando se congelaron sus salarios por la crisis financiera, roza ya el 20%. Además del recorte que aún se mantiene en las pagas extras, que desde entonces no están equiparadas con las nóminas mensuales.

En este punto, el colectivo de trabajadores públicos exige la revisión de sus sueldos no sólo en función del aumento de inflación a final de año, sino algo por encima (alrededor de un 3%) para poder recuperar algo de esta capacidad económica perdida.

La demanda de los tres sindicatos mayoritarios en el sector es además que se negocien acuerdos plurianuales, que apliquen las subidas directamente desde el 1 de enero de cada nuevo ejercicio.

Tradicionalmente la subida salarial del colectivo de empleados públicos se pacta y se recoge en los Presupuestos Generales del Estado, y ante las dificultades en aprobar las cuentas públicas en los últimos años se revisaba a través de un real decreto. Sin embargo, en el último año no ha sido así, y los trabajadores han visto congelados sus sueldos en las cifras que cobran desde 2024.

En la provincia el colectivo de personal al servicio de las administraciones públicas está formado por 31.435 personas, de las que la mayor parte, 17.384, están contratados a través de los servicios de la Junta de Castilla y León. Otros 7.601 forman parte de la Administración General del Estado, y por último 6.450 están al servicio de la administración local, sobre todo de los ayuntamientos.

En el caso de la Administración General, la mayor parte, 4.751, forman parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; y otros 618 son de los juzgados y tribunales.

Los sindicatos calculan que la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos roza ya el 20% desde la congelación salarial de 2010