Más de la mitad de los empleados públicos de León se jubilarán en una década
Los empleados de las administraciones leonesas tienen de media 52 años, y falta reemplazo
La mayor parte de los trabajadores de la Administración forma parte de la generación del 'baby boom'.
Más de la mitad de los empleados públicos en activo en este momento en la provincia de León (más de 31.000 entre los distintos estratos administrativos) se jubilarán en un plazo de 10 años, como mucho de 15. La edad media del colectivo, sobre todo en la Administración central, supera los 50 años. En algunos departamentos con creces. La generación de los baby boomers ocupó de forma masiva las plazas que se crearon justo cuando ellas y ellos accedieron al mercado laboral, con más formación que las generaciones anteriores, allá por los años 80. Miles optaron por la seguridad de las oposiciones públicas.
Ahora buena parte de estos servicios está ocupado por un personal que sufre los devastadores efectos de unos 15 años de reducción de efectivos, en los que además se ha acelerado un cambio tecnológico a cuyas habilidades y exigencias cuesta adaptarse.
El problema es especialmente acuciante en los servicios de la Administración central. Desde hace apenas dos años se intenta recuperar el pulso del reemplazo laboral en los departamentos básicos. Aunque el propio Gobierno muestra sus dudas sobre las necesidades futuras que tendrán que enfrentar. Sólo hay una certidumbre, y afrontarla es acuciante: en pocos años, más de la mitad de quienes atienden los servicios públicos se jubilarán. ¿Cómo y con qué perfiles reemplazarlos?
En la provincia de León la edad media del conjunto de los empleados públicos ronda los 52 años, según los datos del sindicato de funcionarios Csif. Las cifras que maneja el Gobierno sitúan a casi un 60% de sus asalariados por encima de los 50 años. Un 46% ya ha cumplido los 55.
Envejecida
Y es que, sobre todo desde la Gran Crisis, en la primera década de este siglo, la Administración ha envejecido a pasos agigantados. El freno a la contratación de empleo público ha contribuido a este declive de edad de funcionarios y empleados públicos, junto con el hecho de que sobre todo las autonomías registraran un boom de contratación justo cuando la generación del baby boom entraba en el mercado laboral. Ahí siguen, ahora ya de camino de salida.
Ya hace una década UGT denunciaba la «gerontoadministración», por la falta de reposición de empleados públicos, lo que sobrecargaba ya de trabajo a unos funcionarios cada vez más mayores. Entonces calculaban que el 55% de los empleados de la Administración en la provincia superaban los 50 años, pero en el caso de la Sanidad este índice llegaba hasta el 80%.
A mediados de 2023 el Gobierno aprobó la mayor Oferta de Empleo Público de la historia, llamada a frenar el proceso de descapitalización laboral de los servicios públicos de la Administración central iniciado en la crisis financiera de 2008. Aunque en ese mismo período el empleo público de la Junta de Castilla y León (que tiene transferidos los sectores con más trabajadores, como sanidad y educación) creció de forma importante, como lo hicieron también los empleados a cargo de los ayuntamientos leoneses y la Diputación provincial.
En el caso de la Administración central la mayor descapitalización se produjo desde el momento más duro de la crisis, en 2013, hasta diez años después. Justicia, Policía Nacional, Guardia Civil, Fuerzas Armadas, instituciones penitenciarias o Seguridad Social registraron la mayor parte de los más de 600 efectivos en los que se redujo la plantilla de los organismos dependientes del Gobierno central en León. El Servicio Público de Empleo, Tráfico, la Agencia Tributaria o la Inspección de Trabajo fueron también especialmente castigados por esta falta de reemplazo de efectivos.
La progresiva jubilación de los baby boomers (los nacidos entre finales de los 50 y mediados de los 70) será decisiva en este apremiante proceso de renovación.
La oferta de empleo público comenzó su remontada hace relativamente poco tiempo, aunque se deja notar ya en la progresiva rebaja de la edad media de los trabajadores. Un relevo generacional en el que incluso desde la OCDE se ha advertido que deben exigirse nuevos perfiles y competencias, más acordes con las necesidades actuales de los ciudadanos, pero también con las nuevas herramientas para prestarlos.
Las herramientas digitales son un reto para los ciudadanos (especialmente en territorios envejecidos como León), pero también para los empleados públicos, a menudo con dificultades para abordar los planes de digitalización que avanzan a marchas forzadas.
Más que en la privada
Según un informe del Ivie sobre el envejecimiento generalizado del mercado de trabajo, el problema es «mucho más acuciante en la Administración pública». De hecho, los expertos se preguntan si el país y las diferentes administraciones están preparados para ser capaces de cubrir todas las plazas que van a quedar pendientes cuando se jubile el grueso del colectivo actual, o «no habrá trabajadores suficientes». «Es un problema mucho más acuciante en la Administración pública que en el sector privado, ya que en los próximos años va a jubilarse toda esa generación de funcionarios que se incorporó durante la Transición».
Un enorme volumen de empleados a los que, mientras tanto, hay que formar continuamente para que puedan adaptarse a los nuevos requerimientos del mercado de trabajo.
Distintos informes ponen en evidencia lo que denominan la regla del 50-50 en las distintas administraciones públicas: alrededor de la mitad de las plantillas tiene ya más de 50 años. Es el resultado lógico del proceso de incorporación a la función pública en las últimas décadas.
Entre 1982 y 1992 se convocaron enormes ofertas públicas de empleo, a raíz del desarrollo de los servicios administrativos, la integración en la Unión Europea, la creación de las comunidades autónomas, la transferencia de competencias a administraciones inferiores, el aumento de las dotaciones públicas,…
Para entonces la generación del baby boom había accedido por primera vez de manera mayoritaria a los estudios de bachillerato y a la Universidad. Un empleo público era una garantía de estabilidad y salario de por vida, y la salida buscada por la mayoría de los aspirantes a trabajadores (aún hoy lo sigue siendo).
El caso es que las oficinas de los servicios públicos, en sus distintas escalas administrativas (también las entidades locales reforzaron como nunca sus efectivos laborales), fueron engordando sin fin hasta superar la barrera del nuevo siglo.
Punto de inflexión
Hasta que llegó la brutal crisis financiera de 2008. Ese fue un punto de inflexión para la renovación de las plantillas, que han seguido ocupadas por aquellos que ahora se acercan a la edad oficial de retiro. La incorporación de nuevos empleados públicos se frenó en seco e incluso legalmente se estableció un nuevo sistema de reposición de efectivos que se justificó con el repetido argumento (muy demandado desde el sector privado) de reducir el déficit histórico y enquistado de las administraciones públicas, y la evidente necesidad de convertir su mastodóntica estructura en un sistema productivo mucho más eficiente.
En la práctica la reducción de efectivos ha ido acompañada de un aumento del empleo temporal en las administraciones públicas cuya resolución está ahora pendiente también de las decisiones de la justicia europea. Pero ese es otro capítulo.
El sector público está mucho más envejecido que la empresa privada
En España casi el 43% de las personas tiene más de 50 años, y alrededor de un 34% de los asalariados supera esa edad. Sin embargo, en el sector público el porcentaje asciende hasta el 46%; que en el caso del personal de la Administración General del Estado roza ya el 60%, frente a un 30% en el caso de los empleados en el sector privado, según los datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
La edad media del personal de la Administración central supera los 50 años en la última década, aunque llegó a su pico en 2020, con casi 52 años. Se ha rebajado ligeramente con las incorporaciones de estos últimos tres ejercicios.
Se trata en todo caso de un estudio que no incluye a las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas o la Justicia.
La pirámide de edad que dibuja el último informe del ministerio evidencia que sólo el 4,8% de los trabajadores tienen menos de 30 años; un 25% entre 20 y 49 años, más del 37% entre 50 y 59 años; un 19% entre 60 y 64 años y casi un 4% más de 64 años.
El Gobierno señala que en 2024, por tercer año consecutivo, el número de altas supera al de bajas, un «dato positivo que afianza una nueva tendencia de incorporación de personal».
Lo previsto es que en 2034 se registre «una pérdida importante de efectivos, con un 54,86% de plantilla actual jubilada (95.640). Permanecerán en activo 62.950 de los actuales de personal funcionario de carrera, y 15.750 de personal laboral fijo.
La plantilla del futuro: sumida en la incertidumbre y con exigencias cambiantes
Por eso, detectar qué nuevos recursos humanos se necesitan es necesario para «disminuir el desfase en el tiempo entre la detección de las necesidades y su implementación efectiva».
En todo caso las plazas que sacan las ofertas de empleo público anual se planifican para cubrir un 120% de las jubilaciones del año anterior. Aunque las incorporaciones tienen lugar «de forma efectiva» dos años después de la publicación de la oferta, con una cobertura media real del 90% de las plazas ofertadas.
Con estos cálculos, aunque «habrá una pérdida importante de efectivos debido a las jubilaciones, con casi un 55% de la plantilla actual jubilada, si se tiene en cuenta la estimación de incorporaciones esa plantilla dispondrá del relevo adecuado».
Aunque el Gobierno advierte de que estos datos «deben tomarse con precaución», porque en un «horizonte de diez años muchos factores hoy desconocidos pueden hacer cambiar estas suposiciones».
Talento senior o ‘burnout’
El problema del envejecimiento de las plantillas de las administraciones públicas se debate además entre dos extremos: la necesidad de poner en valor el talento senior, y adaptarlo a las nuevas exigencias de la digitalización para evitar la desmotivación; y el evidente exceso de funcionarios y empleados afectados por el burnout (el síndrome del empleado quemado).
Problemas que caminan parejos a las crecientes exigencias de los distintos colectivos a tener una carrera profesional, es decir, estimular o generar los sistemas de promoción internos para poder ir ascenciendo y mejorando laboralmente en las administraciones.
La ecuación se resume en una frase: temenos unos empleados públicos de 1993 en unas organizaciones públicas diseñadas para 2003 y que se estrelló contra las necesidades de 2013. Más ahora.