Las dilaciones indebidas limitan la estafa de los seguros a siete de los 76 sospechosos
Transcurridos doce años de las primeras detenciones, la causa sigue a la espera de fecha de juicio
Vehículos incautados en la operación.
La más que previsible aplicación de atenuantes muy cualificadas por dilaciones indebidas en la causa abierta contra más de 70 personas por una macro estafa contra aseguradoras de automóviles, a las que se notificaban falsos accidentes para cobrar las indemnizaciones en un caso destapado en marzo de 2013 limitaría la responsabilidad penal de la mayoría de los investigados y mantendría en apenas siete el cupo de procesados que habría que hacer frente a cargos de cierta consideración. Fueron 120 en un principio, se quedaron en algo más de 70 en la unstrucción y después de un último auto, apenas superarán la media docena.
Doce años después de que se practicasen las primeras detenciones, sigue sin fecha de juicio la farragosa causa judicial que ha sufrido numerosas incidencias a lo largo de su tramitación en la fase de instrucción primero y después a su llegada a la Audiencia Provincial, por culpa de los recursos.
Los ha habido por cuestiones de procedimiento, argucias típicas de los letrados que tratan de ganar tiempo con estas prácticas y se planteó también un incidente de nulidad de actuaciones que no prosperó, tras entender que se habían vulnerado algunos de los derechos fundamentales de los principales sospechosos. De hecho, el considerado cabecilla de la trama sigue a día de hoy, sin poder salir del país con el pasaporte retenido, pese a que sigue ejerciendo su profesión de abogado, aunque mayoritariamente fuera de la provincia de León.
El asunto ha estado sometido a numerosos vaivenes judiciales en el transcurso de su tramitación. El último de relevancia es un auto en el que se rechaza convertir el asunto en un procedimiento abreviado. Queda dictado el sobreseimiento provisional para 59 investigados, por entender que los indicios que pesan sobre ellos no son suficientes como para sostener una acusación, pero si se fijan cargos para los 13 imputados principales, sospechosos de haber organizado, una trama que había defraudado alrededor de 3 millones de euros, en indemnizaciones compañías de seguros por accidentes de tráfico falsos, de acuerdo a las tesis del ministerio fiscal. A efectos reales, se comsidera por los letrados implicados en el caso que superarán por poco la media docena.
Para el principal imputado se propone una pena tres años y medio de cárcel por una presunta estafa agravada, un año de prisión por pertenencia a banda criminal, dos años de encarcelamiento por blanqueo de capitales y dos años y medio de reclusión por tenencia ilícita de armas. Para su esposa solicita dos años de cárcel, que no comportarían el ingreso en la penitenciaría.
También se propone una pena de cinco años de prisión por estafa agravada para el funcionario de los juzgados que fue detenido y encarcelado a raíz de su supuesta participación en la trama y añade un año más de cárcel por posible pertenencia a grupo criminal. Es la misma pena que se solicita para un cuarto colaborador. El resto de los encausados, hasta 67 personas, se enfrentaban hasta que se dictó el último auto a penas de un año y tres meses de cárcel acusados de un delito de estafa y un año de prisión por pertenencia a grupo criminal, de acuerdo al escrito de calificaciones provisionales.