El caso del viceinterventor le cuesta a León otros 28.314 €

El empecinamiento del equipo de gobierno de José Antonio Diez por bloquear la entrada del nuevo viceinterventor del Ayuntamiento de León suma una nueva factura. Con el funcionario ya incorporado a su puesto desde finales de marzo, después de más de tres meses en los se intentó dilatarlo, el consistorio acaba de aprobar los recibos de 28.314 euros que ha tenido que abonar a un despacho jurídico externo por el asesoramiento y gestión en dos de los pleitos que mantiene todavía abiertos para anular la plaza que se adjudicó por concurso nacional.

Las facturas, aprobadas en junta de gobierno a favor de un despacho de fuera de León, se anotan en los dos frentes en los que el Ayuntamiento de León, todavía ahora, tiene abierta la pugna para intentar revocar el nombramiento del funcionario: una de 16.698 euros ante el juzgado de lo contencioso administrativo de Valladolid, donde intentaba anular la decisión de la Dirección General de Presidencia de la Junta por la que desestimó su solicitud de supresión del puesto y que fue desestimada; y otra, de 11.616 euros por el pleito ante el Tribunal Superior de Justicia para intentar tumbar la resolución del ministerio de Función Pública, encargado de la gestión del concurso nacional de vacantes.

Pese a las acciones del bufete externo, el Ayuntamiento de León, que ya tuvo que abonar los salarios de tramitación al funcionario durante los meses que retuvo su entrada, por ahora sólo acumula reveses. No convencen los argumentos, como ya advirtió en su pronunciamiento la jueza del contencioso número 4 de Valladolid, que llegó a censurar la «desviación de poder» del gobierno de Diez. «Se acumulan suficientes indicios para deducir razonablemente que la finalidad realmente perseguida con la amortización de la plaza de viceintervención, pese a revestirla con todas las apariencias formales de legalidad, no es otra que la de prescindir de un determinado funcionario a nombrar desde el concurso unitario que por diversas razones no resulta cómodo para la corporación», apuntó en un fallo. El escrito se apostillaba que, «en todo caso, el Ayuntamiento prefería que fuera ocupado» el puesto por la persona que se hallaba en comisión de servicio hasta ese momento, a la vez que recalcaba que la intención del gobierno municipal pasaba por «prescindir» de un funcionario, elegido por concurso nacional sin intervención del consistorio, que «no resulta cómodo».