Las sentencias judiciales del mandato actual del alcalde de León le cuestan al Ayuntamiento 2 M€
La suma de fallos en contra de sus acuerdos y decisiones marca al gobierno municipal por ahora. Ocho condenas de relevancia ha sufrido la administración municipal en apenas dos años
Imagen del edificio de Ordoño II, sede administrativa del Ayuntamiento de León.
El cajón de las notificaciones judiciales del Ayuntamiento de León rebosa. Amén de las pequeñas sentencias por reconocimiento de categorías profesionales o expedientes de responsabilidad patrimonial, habituales en la administración, los apenas dos años del mandato actual del equipo de gobierno de José Antonio Diez suma ya una factura que ronda los 2 millones de euros en condenas. A la espera de que algunos de ellos concreten la cifra de los intereses, la cifra refleja el desembolso que tendrá que cubrirse con recursos de las arcas públicas por los ocho casos principales en los que los actuales responsables municipales han perdido el pleito.
LA LASTRA: más por los intereses que por el principal
La condena más cuantiosa se apunta en el caso de la urbanización de La Lastra. El Ayuntamiento ha tenido que pagar 1.304.187 euros por esta sentencia: 554.622,59 euros de la deuda principal, arrastrada desde 2004 por el impago de una cuota a la junta de compensación, y otros 749.565,08 € por los intereses devengados desde entonces, más un fleco de 52.000 euros más de mora por los nueve meses que pasaron desde que se notificó el fallo hasta que se atendió por parte del equipo de gobierno.
La reclamación de los 554.622,29 euros viene del mandato 2003-2007 en el que PSOE y UPL compartían gobierno municipal. Pero se judicializó ya con el popular Antonio Silván en la Alcaldía. El caso se ganó en primera instancia, en el juzgado contencioso administrativo de León, pero se perdió en el Tribunal Superior de Justicia, ya con Diez al mando.
La sentencia se notificó el 4 de julio, pero no se dio cuenta de la misma y se dejó correr el plazo para poder recurrir ante el Supremo. Como consecuencia, adquirió fijeza, sin que nadie del equipo de gobierno hiciera nada hasta la toma en consideración en la junta de gobierno local del 28 de febrero de 2025. Todavía pasaron dos meses más, con el contador de los intereses sin freno, hasta que se aprobó la consignación en el Pleno de finales de abril. «Hay unas diligencias informativas que hemos abierto cuando hemos tenido conocimiento de la sentencia. Cuando las tengamos, se les trasladará», se justificó Diez ante el acoso de la oposición.
JARDINES: una adjudicación que no debió ejecutarse
Sin apenas descanso, a primeros de mayo el Ayuntamiento de León recibió otra notificación judicial. En este caso, el revés apunta un coste de 256.183,89 euros. La factura se debe a la condena del juzgado contencioso administrativo que decretó «nula por ser contraria a derecho» la adjudicación del contrato de «reposición de la infraestructura verde del municipio de León».
El procedimiento remite a la privatización acometida por el equipo de gobierno de Diez en el mandato precedente. Como se recoge en el fallo, la mesa de contratación debió excluir entonces, por un defecto en la documentación aportada, la oferta presentada por la Unión Temporal de Empresas (UTE) que forman Eulen y Geoxa, la empresa de Juan María Vallejo, presidente de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele) y hermano del exconcejal de Urbanismo del PP Cecilio Vallejo.
En cambio, dejó que siguiera y terminó por darle el contrato de 5.677.339,38 euros por cuatro años, a contar desde la formalización el 25 de julio de 2022. Sin marcha atrás, el consistorio tiene que hacer frente al lucro cesante que reclamaba la empresa perjudicada, Acciona, por los años en los que debería haber mantenido el compromiso.
EL ABOGADO MUNICIPAL: una condena con eco nacional por trabajar de más
El historial judicial del mandato de Diez se adorna con un caso que ha trascendido a nivel nacional: la condena a pargarle al abogado municipal 149.858,34 euros por «la probada situación permanente y continuada de exceso de trabajo, vinculada causalmente a la prolongada desatención e inactividad del Ayuntamiento de León en la provisión de las vacantes». No llegó a los 491.446,49 euros, más daños morales, estimados en un 25 %, que pedía en la demanda, pero sí que el fallo subraya «la correlativa desprotección del funcionario, en términos que exceden de forma notable —en duración e intensidad— las que se dan en la variada casuística jurisprudencial examinada».
El funcionario defendía que, desde enero de 2014, la asesoría legal, que hasta entonces contaba con tres abogados, se quedó en tan solo dos por la baja de un compañero y, a partir de marzo de 2020, con solo una al pasar a «la situación de servicios especiales» el otro, que había tenido tres períodos de baja durante estos años. En todo este tiempo, «su carga de trabajo se ha multiplicado en términos inasumibles, realizando él solo el trabajo de tres personas, situación que ha puesto de manifiesto, verbalmente y por escrito, al anterior y al actual concejal de Régimen Interior y a los responsables de Recursos Humanos, tratando en todo momento de que se iniciasen los procedimientos selectivos para poner fin a esta anormal situación», reconocía el magistrado.
EL BOMBERO OPOSITOR: dos años de sueldo sin trabajar
La cuantía de la indemnización al abogado municipal se acerca a la que tendrá que pagar el Ayuntamiento de León al opositor a bombero que se quedó fuera por seis centésimas, pero al que la justicia ordenó meter en plantilla por haber un error en la corrección de una pregunta del examen tipo test. Tanto el contencioso administrativo como el Tribunal Superior de Justicia han avalado que el consistorio debe no sólo incluirle en la plantilla, sino abonarle los salarios de los 22 meses que han pasado ya desde que tomó posesión de su plaza el aspirante que, una vez hecha la recalificación, quedaba por detrás de él.
El bombero que ha estado en su puesto durante todo este tiempo permanecerá en la plantilla de bomberos. Se le considera «un tercero de buena fe», como se recoge en la propuesta del letrado municipal que ha admitido la junta de gobierno. Pero no evita para que el Ayuntamiento de León, debido al error del tribunal en la corrección de la respuesta que le dejó fuera por 0,06 puntos, tenga que abonarle todas las nóminas al opositor desde septiembre de 2023, cuando tomaron posesión los 10 aspirantes del proceso selectivo en el que participó.
EL VICEINTERVENTOR: el enroque de Diez frente a todos
Los salarios de tramitación, pero de alrededor de cinco meses, también tendrán que abonarse a otro funcionario. El nuevo viceinterventor municipal tuvo que pleitear contra el Ayuntamiento de León durante todo este tiempo para conseguir que el equipo de gobierno de Diez le dejara tomar posesión de la plaza que había logrado mediante la fase de concurso convocado por el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública, garante de la independencia en el proceso de selección de la plaza, en la que recae la fiscalización de quien gobierna.
Durante todo este tiempo que ahora deben pagarle, el gobierno municipal intentó bloquear la entrada del funcionario, con el argumento de que no era necesaria la plaza, pese a que había mantenido en ella hasta el tope posible a otra persona mediante comisión de servicios. En este caso, el varapalo lo firmaron tanto el jusgado de lo contencioso de la capital leonesa como los Tribunales Superior de Justicia de Madrid, Castilla y León.
EL INTENDENTE DE LA POLICÍA: la nota que cambió
Los problemas con los procesos selectivos acabaron con la condena al Ayuntamiento de León también por la oposición del intendente jefe de la Policía Local. Después de que se cumplieran tres años desde la toma de posesión del cargo por parte de Miguel Ángel Llorente Pellitero, el Supremo ratificó los pronunciamientos anteriores del contencioso de León y del TSJ que decretaban que hubo un irregularidad en la calificación de uno de los exámenes.
El fallo del Supremo, que condenó en costas al Ayuntamiento, recoge que del examen del caso «resulta con gran claridad que el tribunal (calificador) ha incumplido las bases porque las mismas no contemplan que haya unas calificaciones provisionales y unas calificaciones definitivas, de modo que las primeras puedan modificarse», ni que «se pueda subir la calificación con el fin de que haya más participantes». El intendente que al final logró la plaza tenía un 4 en un examen y, después, se le subió a un 5, lo que le permitió pasar la fase. La sentencia decreta que debía retrotraerse el proceso al momento anterior a la corrección y nombrar un nuevo tribunal calificador. A día de hoy, no se ha resuelto aún esa nueva calificación y el intendente jefe sigue en su puesto.
JEFE DE PROTECCIÓN CIVIL: dos cargos, dos sueldos
Con referencia a la Policía Local el Ayuntamiento ha tenido otro caso laboral. El contencioso le condenó a pagar 43.611,92 euros al anterior jefe policial en funciones, dado que simultaneó estas labores con las de responsable de Protección Civil. El gobierno municipal se negó a abonarle lo que reclamaba, pero el juzgado atendió la petición.
LA BASURA: el convenio que no se cumple
El último caso en contra tiene fecha del pasado 19 de mayo. El TSJ ha ordenado al Ayuntamiento que cumpla el convenio del servicio de Limpieza Viaria, Riegos, Recogida de Basuras y Conservación del Alcantarillado de León, tras sancionar que no cubre las plazas y procede a promocionar con pluses discreccionales a trabajadores, al margen del procedimiento establecido, con un sistema de «premios y castigos».