¿Quién es el fiscal que duda de la condena de Raquel Gago por el crimen de Isabel Carrasco?

Carlos Castresana, el fiscal que duda de la legalidad de la condena de Raquel Gago por el crimen de Isabel Carrasco es un afamado representante del Ministerio Público, que formó parte de la Fiscalía Anticorrupción y de la plantilla de fiscales del Tribunal Supremo. también tomó parte de las famosas acusaciones contra Berlusconi y Pinochet.

El fiscal afirma en el libro: "Las circunstancias acreditadas permiten albergar sospechas —vehementes, si se quiere— en contra de Raquel, pero esas sospechas no parecen suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia y sustentar una condena".

"Los investigadores, los jueces, los acusadores y el jurado atribuyeron a Raquel Gago, conscientemente o no, la función de la torna, el trozo de pan que se añade a la pieza artesanal que no pesa lo suficiente a fin de que alcance el peso requerido".

Castresana nació en Madrid, en julio de 1957, y cursó sus estudios profesionales en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, donde en 1979 recibió su título de abogado.

En 1989 ingresó por oposición al Ministerio Fiscal como abogado fiscal; en 1996 ascendió a la categoría de fiscal; de 1990 a 1993 fue fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y como tal se especializó en la persecución de delitos de naturaleza económica y de corrupción, así intervino en el Caso Caric, y en 1993 fue fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

De 1993 a 1995 fue titular de la Fiscalía Especial para la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas (Fertid). Como tal adquirió una gran experiencia en la investigación y persecución de grupos del crimen organizado por delitos de tráfico internacional de drogas, armas y blanqueo de capitales.

Le ha correspondido intervenir en las cuestiones de inmunidad parlamentaria y de jefes de gobierno y de ministros de asuntos exteriores –caso Silvio Berlusconi–; la persecución de fraudes a la Unión Europea por la incautación de embarcaciones –caso Wendy–, de aeronaves –caso Illyushin del Ejército de Ucrania–, de automóviles, de depósitos bancarios y de otros bienes; la administración judicial de empresas embargadas –caso del Atlético de Madrid–; la coordinación de entradas y registros simultáneos en territorios de diferentes países –casos Telecinco y Columbus–; y la colaboración con autoridades de Europa y de América, para la recuperación de fondos procedentes de actividades delictivas,, según consta en su biografía de la Universidad de Guadalajara (México).

Dentro de sus intervenciones cabe destacar el Caso Pinochet de 1996, por el cual adquirió relieve internacional. Él fue el autor de las denuncias contra las Juntas Militares de Argentina y Chile, que dieron lugar al proceso seguido ante la Audiencia Nacional de España. Son de su autoría los sucesivos dictámenes sobre genocidio, tortura, desaparición forzada, crímenes contra la humanidad, crímenes contra personas internacionalmente protegidas, inmunidad, jurisdicción universal, extradición, imprescriptibilidad, cosa juzgada, obediencia debida, amnistías e indultos y asistencia judicial internacional, para las Juntas de Fiscales de la Sala del Tribunal Supremo, y los equipos jurídicos de la acusación popular, para la detención y extradición del senador vitalicio chileno Pinochet, y de otros inculpados en España y en otros países.