Denuncian nuevas irregularidades en las oposiciones a agente de Policía Local de León
El psicotécnico registró un alto y sospechoso nivel de suspensos del 60%; se exigía identificar su género a los opositores
Imagen de archivo de la presentación de una patrulla de vehículos de la Policía Local.
Alrededor de cuarenta opositores al Cuerpo de Policía Local de León exigen la repetición de la última prueba correspondiente al proceso de selección para la dotación de once nuevas plazas de agente, algunas de las cuales han quedado sin cubrir, como consecuencia de supuestas irregularidades en el examen psicotécnico, que ademas de excluir al 60% de los aspirantes (la media en pruebas de este tipo en otras provincias se sitúa entre el 5% y el 10%) incluía la exigencia de distinguir si la persona que realizaba la prueba era hombre o mujer.
Las tareas de selección de los opositores estaban basadas en el apartado psicotécnico en un test elaborado por una empresa privada externa al Ayuntamiento de León. Es la misma que fue obligada a repetir el examen psicotécnico en la prueba de los oficiales, un proceso que todavía se encuentra abierto.
La prueba está configurada como apto/no apto y no baremable., Se realiza cuando los opositores ya han superado todas las fases anteriores y se encuentran posicionados conforme a los principios constitucionales de mérito y capacidad. Su finalidad no es seleccionar, sino comprobar la idoneidad mínima para el desempeño del cargo.
En cualquier caso, los afectados exigen que el Ayuntamiento tome cartas en el asunto aunque la empresa responsable sea privada: «Eso no les exime del deber de control, supervisión ni motivación, ni del respeto a los principios constitucionales».
El resultado del desarrollo del examen ha sido la exclusión masiva de aspirantes «plenamente capacitados»,, según los denunciantes, la afectación incluso de los primeros puestos del proceso y la pérdida de plazas, con lo cual quedaron vacantes puestos destinados a reforzar la plantilla policial.
La convocatoria introdujo, siempre según los afectados, un factor de discriminación directa, al obligar a los aspirantes a identificar su sexo en embas pruebas psicológicas, para habilitar la aplicación de criterios diferenciados de evaluación en una prueba eliminatoria. «Esta práctica vulnera frontalmente el principio de igualdad de trato y supone una quiebra inadmisible de las garantías exigibles en un proceso selectivo público», manifiestan los opositores.
La pretendida justificación en la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres resulta jurídicamente insostenible según los damnificados, «ya que la igualdad real no puede alcanzarse alterando los criterios de evaluación en perjuicio de unos aspirantes frente a otros, y menos aún en una prueba final con efectos excluyentes».
Las pruebas psicotécnicas para el acceso a la escala de oficiales tuvieron que repetirse. Las respuestas erróneas no iban a penalizar en las calificaciones, circunstancia que luego se aplicó con dos criterios diferentes, según denunciaron también algunos de los opositores.