El Ayuntamiento de León sumará 36,7 M€ extra para invertir en obras y servicios en 2026

Los Reyes Magos se le han adelantado este año al Ayuntamiento de León. El regalo se exhibe en el Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros por el que se permite a las entidades locales y comunidad autónomas emplear el superávit obtenido en sus cuentas durante 2024 para destinarlo a Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) en 2025, 2026 y 2027. La medida, ratificada a última hora después de amenazar durante un año con que se acaba la manga ancha, permitirá al consistorio de la capital leonesa contar con 36,7 millones de euros adicionales que invertir en proyectos y servicios que, sin este cambio normativo, hubieran tenido que ir directamente con destino a los bancos para amortizar deuda.

La suma aparece como resultado de las dos partidas que habían quedado en suspenso a la espera de que el Gobierno revocara la decisión de cerrar el grifo de esos gastos, como le reclamaba con insistencia la Federación Nacional de Municipios y Provincia (Femp). El logro hace que el Ayuntamiento de León pueda gastar los 7,9 millones de euros del remanente de tesorería para gastos generales de 2024 en estas «inversiones financieramente sostenibles»: una denominación que alude a aquellos proyectos que no generan, a posteriori, un gasto en su mantenimiento; un pabellón deportivo, por ejemplo, sí lo hace porque cada anualidad genera una partida de gasto, mientras que el asfaltado, un carril bici, una nueva rotonda o la construcción de un parque, quedan fuera de esta servidumbre. No tendrá que entregar León a los bancos para enjugar la deuda esos fondos no ejecutados el año pasado, como se había aprobado ya en el plan económico financiero que se envió al Ministerio de Hacienda. Ni tampoco deberá darle el mismo destino a los 28,8 millones remanentes de este 2025 que se cierra esta semana.

Este último remanente de tesorería para gastos generales encuentra vía libre gracias a la disposición normativa con rango de ley que habilita la prórroga para este año de la aplicación de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La cuenta proviene de las partidas del presupuesto del año que el Ayuntamiento de León no consiguió ejecutar: proyectos de obras, compras y gastos en servicios que no se hicieron pese a que venían en las cuentas municipales.

La mecánica de aprovechar el remanente de tesorería de los años anteriores para los sucesivos la calificaba el actual alcalde, José Antonio Diez, como demostración de la «falta de gestión, incapacidad, desidia, falta de inteligencia y falta de competencia». Entonces, en su etapa como jefe de la oposición y con el PP al mando, el Ayuntamiento de León, condicionado por el plan de ajuste al que le obligaba Hacienda, sumó 71,8 millones de euros entre los ejercicios 2012 y 2019 que se fueron a amortizar la deuda con los bancos por no poder ejecutar las inversiones para las que estaban previstos en los presupuestos.

A 1 de septiembre, el Ayuntamiento de León tenía pendiente de ordenación de pago 106,1 M€ que al final se han quedado en 28,8 M€

Pero esta cifra, ya con el regidor socialista en la Alcaldía de la capital leonesa y el cambio de las reglas fiscales que flexibilizó las condiciones, se ha disparado. El Ayuntamiento de León ha incorporado remanentes de tesorería que suman 179.395.596 euros en los tres últimos ejercicios: en 2022 se presentaron 45.596.280,48 euros, un 33,19% respecto de los créditos iniciales; en 2023, se acumularon 62.839.353,62 euros, un 46,30%; y en 2024 se apuntaron 70.959.961,94, un 47,03% cuando se cerró a 31 de diciembre el ejercicio. De esta última cantidad se fueron añadiendo variaciones de crédito a lo largo de este año hasta dejar los 7,9 millones todavía pendientes que ahora, por medio de la modificación de las reglas fiscales, tendrán cabida para 2026, dos años después del momento para el que fueron planificados.

La libertad de gasto, siempre que se atenga a la apostilla de inversiones financieramente sostenibles, favorecerá también al remanente de este 2025 que se acaba, cifrado en 28,8 millones de euros. Su cuantía se quedará por debajo de los ejercicios precedentes gracias al empujón que se ha dado a la tramitación de los proyectos en los últimos cuatro meses del año. El informe de la Intervención fechaba a 1 de septiembre la falta de ejecución de 106.112.114,55. Esta bolsa no había llegado a la fase de ordenación de pago, aunque parte de ellos estaban en la fase A, que agrupa a los que cuenta con aprobación del gasto, y D, en la que se anotan los contratos licitados y con un adjudicatario. Los que no llegaran hasta el final de la tramitación tenían la amenaza de que irían a amortización de deuda. Pero al final incluso estos pasarán para 2026.