El Ayuntamiento de León debe gastar 106,1 M€ en obras y servicios pendientes antes de enero

El cambio de reglas fiscales decretado por el Gobierno bloquea la mecánica presupuestaria habitual del equipo de gobierno de José Antonio Diez. Se acabó la posibilidad de utilizar los remanentes del año anterior para ejecutarlos en el siguiente ejercicio: una práctica que el propio regidor, cuando estaba en la oposición, criticaba como muestra de la «falta de gestión, incapacidad, desidia, falta de inteligencia y falta de competencia» en los mandatos del PP. 

Ahora, como se recoge en el plan económico financiero al que obliga Hacienda por haber incumplido la regla de gasto, habrá que «ejecutar íntegramente los créditos presupuestarios dentro de su ejercicio de procedencia». No se podrán dejar proyectos y obras más allá del 31 de diciembre. La obligación afecta a los 106.112.114,55 euros que, en este momento, todavía no han llegado a la fase de ordenación de pago de este 2025. Todo lo que quede fuera de este plazo deberá ir al pago de la deuda pendiente.

La cifra de 106.112.114,55 euros se enmarca en un presupuesto que, sumados los remanentes de años anteriores, alcanza unos créditos disponibles de 237.595.000 euros. El descontador condiciona la actividad de un gobierno acostumbrado a dejar los contratos para el año siguiente con cargo a los remanentes: compromisos presupuestarios de obras y servicios que, en lugar de ejecutarse en el ejercicio para el que se aprobaron, no se consiguen gastar. Ni siquiera se podrán justificar las «inversiones financieramente sostenibles», como sucedía desde 2019. Con esta manga ancha, el Ayuntamiento de León ha incorporado remanentes de tesorería 179.395.596 euros en los tres últimos ejercicios: en 2022 se dotaron 45.596.280,48 euros, un 33,19% respecto de los créditos iniciales; en 2023, se habilitaron 62.839.353,62 euros, un 46,30%; y en 2024 se llega a 70.959.961,94, un 47,03%.

Sin este margen, el Ayuntamiento de León vuelve al corsé que tuvo entre los años 2012 y 2019, cuando la suma de estos remanentes hizo que se derivaran 71,8 millones de euros para amortizar la deuda que condicionaba entonces al consistorio. Salvo que el Gobierno decida aprobar por sorpresa «una disposición normativa con rango de ley que habilite la prórroga para este año de la aplicación de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, no se podrá destinar el superávit a financiar inversiones financieramente sostenibles», como se recoge en el documento aprobado en el último Pleno.

El plan, elaborado por la Intervención municipal como requisito obligado por el Ministerio de Hacienda, le marca al Ayuntamiento de León un «techo de gasto» para 2026. La cifra topa las próximas cuentas del consistorio en 157.298.137,63 euros, que se amplían hasta los 160.019.000 euros con las sociedades municipales como el Ilruv, el consorcio del polígono industrial e Ildefe. No podrá rebasarlo. «En resumen, la medida, cuantificación y calendario, consiste en ejecutar íntegramente los créditos presupuestarios dentro de su ejercicio de procedencia con el fin de no tener que recurrir a la utilización del remanente de tesorería para financiar incorporaciones de remanentes de crédito», como se recalca en el documento, donde se explicita que con la implantación de esta medida «ya en el presente 2025, se conseguirá que el gasto no financiero computable no exceda» del listón marcado.

Esto implica que «a lo largo de lo que resta de ejercicio 2025 la ejecución de los gastos que están ahora en fase A», que corresponde a los proyectos que ya tienen la aprobación del gasto, o D, donde se agrupan los contratos ya licitados y con un adjudicatario. Pero, «antes del cierre del ejercicio», como se advierte en el plan económico financiero de obligado cumplimiento, tienen que haber «llegado a fase O», que corresponde con la ordenación en la que ya se ha hecho un pago con cargo a las liquidaciones de las empresas.

La norma servirá para que el Ayuntamiento de León no reincida en el «incumplimiento de la regla de gasto», como le ha afeado Hacienda. La irregularidad, como se subraya en el informe, «no ha sido el incremento de los créditos iniciales, ni tampoco el crecimiento de las obligaciones reconocidas, ni siquiera el aumento del grado de ejecución». La causa es «el incremento del uso del remanente de tesorería, unido a que no se ha prorrogado la vigencia» de las reglas fiscales.