Las pymes de León advierten de que no están preparadas para el nuevo registro horario
Desconcierto ante el retraso en la entrada en vigor de la norma, aunque se sancionará desde esta semana. Las organizaciones empresariales critican la «persecución» a que les somete la nueva normativa de jornadas
El nuevo registro tiene que ser digital e inalterable, además de accesible a la inspección.
El estricto registro horario, que es obligatorio en las empresas desde 2019, debería ser digital, homologado e inalterable a partir de esta semana. Una de las grandes medidas del Gobierno para que se cumpla la jornada laboral de 37,5 horas semanales y se computen correctamente las horas extra, que sin embargo está paralizada por la falta de consenso entre los propios ministerios. Aunque los expertos advierten: la reforma está paralizada, las sanciones no, porque la Inspección de Trahajo y las sentencias judiciales están aplicando ya los criterios de las nuevas exigencias legales.
Una situación más de incertidumbre contra la que se quejan los empresarios leoneses, que en todo caso lamentan que se impongan exigencias que para pymes y autónomos suponen nuevos costes, cargas y problemas. «La mayoría no están preparadas para este paso».
La norma que se anunció que entraría en vigor en 2026 exige que el registro horario sea estrictamente digital, recoja todas las entradas y salidas de los empleados y sus pausas, no pueda ser manipulable y sea accesible en cualquier momento por los representantes de los trabajadores y la Inspección de Trabajo. Y afecta a todas las empresas, sea cual sea su tamaño, y de todos los sectores.
Sólo admite sistemas digitales homologados seguros, por lo que las app y los excel ya no tendrán validez; y los registros deberán guardarse durante cuatro años. Afecta a todos los trabajadores: a tiempo completo o parcial, teletrabajo o presencial.
Rechazo
Respecto al endurecimiento del sistema de registro horario las organizaciones empresariales leonesas inciden sobre todo en las dudas que plantea, y la permanente amenaza de sanciones ante exigencias que no están seguros de que las micropymes y los autónomos, la mayoría en la provincia, sean capaces de cumplir.
«Se impone la obligación de registro electrónico sin tener en cuenta que en realidad las competencias digitales de muchas empresas, y también de muchos trabajadores, están muy lejos de lo que se exige. Lo que se está haciendo es añadir más dificultades a la actividad económica», señala Enrique Suárez, secretario general adjunto de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele).
«Lo que preocupa especialmente es que se pone el foco continuamente en las sanciones, porque se considera a los empresarios como defraudadores. La gestión de la jornada está ya bastante resuelta en estos años, pero se mantiene la persecución a los empresarios», lamenta Pablo Roberto Herrero, tesorero del Círculo Empresarial Leonés (CEL) y presidente de la Fundación de Excelencia Empresarial de Castilla y León.
Que advierte sobre cómo se va a plantear a partir de 2026 el registro y de las dudas que genera en las pymes. «Una cosa es controlar, y otra perseguir».
«Todos tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías, pero cuando lo que se añade es una carga burocrática se transforma en una traba a la actividad». Suárez insiste en que «no hay capacidad tecnológica ni operativa en las pequeñas empresas como la que pretende el ministerio», y critica que el sistema «atenta contra la legítima confianza entre el empleador y el trabajador, impone un sistema casi policial en las empresas, del que el trabajador también sale perjudicado. Rompe la buena fe y obliga a todos a informar al segundo de los servicios que prestan los trabajadores, algo impropio de la época actual».