León ultima las notificaciones de permisos para multar en las peatonales de la Zona de Bajas Emisiones
- El Ayuntamiento prevé sancionar ya desde finales de marzo tras tramitar las 3.000 solicitudes
- El consistorio confirma las autorizaciones tras nueve meses de pedirlas y más de dos años de anunciarlo
Las cámaras ya funcionan pero aún no multan en las nuevas peatonales.
Más de nueve meses después de que cursaran las solicitudes, los vecinos, comerciantes y usuarios de garajes han empezado a recibir carta del Ayuntamiento de León. Por fin, la administración municipal les confirma que tienen permiso para circular por las nuevas calles peatonales, les detalla el itinerario, con las entradas y salidas acotadas a cada caso, y les reseña las condiciones de uso. Misiva a misiva, las notificaciones deshacen la enorme madeja de 3.000 peticiones que se acumularon en las oficinas, sin personal suficiente para tramitarlas. Aunque aún queda un porcentaje, por debajo del 20% del total, que aguardan respuesta. Cuando estén todas, según la orden dada desde Alcaldía, a los que no cuenten con autorización se les empezará a multar en estas vías de la Zona de Bajas Emisiones.
Marzo se aventura como la referencia más acertada, dentro de un calendario en el que se habla de que en el primer trimestre se completarán las notificaciones. Pero la coincidencia con la Semana Santa, justo a finales de ese mes, podría hacer que la fecha exacta de activación de las multas se lleve a los primeros días de abril. Para entonces, las cámaras de lectura de matrículas, que están encendidas desde el 1 de julio aunque sin efectividad, completarán su función con la emisión de los partes que tramitará la Policía Local, a razón de 80 euros por cada vehículo que atraviese sin permiso por las calles afectadas: Alfonso V, San Agustín, Gil y Carrasco, Alférez Provisional, Alcázar de Toledo (entre San Agustín y plaza de La Inmaculada), Villabenavente (entre Arquitecto Torbado y Burgo Nuevo), Fuero, Arco de Ánimas, Ramiro Valbuena, Carreras, Los Cubos, Pelayuelo y Pontón.
La decisión final queda a discreción del alcalde. José Antonio Diez tiene la última palabra para fijar el día concreto en el que se empezará a multar en esas calles que, antes de las últimas elecciones municipales, explicó que sólo se reurbanizarían, pese a que las solicitudes para las subvenciones europeas ya recogían la peatonalización. La verdad se conoció en otoño de 2023, cuando el regidor socialista justificó la medida en que lo habían pedido los vecinos y los comerciantes.
No ha valido siquiera que esos mismos comerciantes que empleó de aval, sin que estuvieran delante, negaran que lo habían pedido y exigieran que se volviese al plan que había vendido el alcalde antes de las elecciones: un «calmado del tráfico» que implicaba la reducción de la velocidad a 10 kilómetros por hora, aunque sin restricción de paso alguna. El paso indiscriminado se cortará al fin tras un proceso caótico que empezó con el Bando de Alcaldía, dictado el 14 de noviembre de 2024, en el que se dictaban las normas y se emplazaba para el 1 de marzo de 2025 la puesta en funcionamiento de las sanciones.
La fecha se cayó por sí misma. Unas semanas antes los vecinos alertaron de que no sabían cómo solicitar los permisos, pidieron una reunión y lograron que se demorara el plazo hasta el 1 de junio. De pronto, se habilitó el procedimiento y las oficinas se encontraron con la avalancha de solicitudes: más de 3.000 peticiones en las que, sin apenas personal encargado de esta función, tenían que cotejar los datos para validar que los ciudadanos contaban o no con derecho al paso por las nuevas calles peatonales.
El tapón generado bloqueó por segunda vez la puesta en funcionamiento. Pero, por si la inseguridad jurídica no era suficiente, el TSJ decretó a finales de junio, como respuesta al recurso presentado por el PP, la suspensión cautelar de las peatonalizaciones. El fallo asentó que una regulación de este tipo no podía sustentarse en un Bando de Alcaldía, como ya había advertido el Procurador del Común con anterioridad.
El revés empujó al gobierno de Diez a acelerar la nueva normativa de movilidad, en la que se incluía la Zona de Bajas Emisiones y las nuevas vías peatonalizadas. La aprobación definitiva de la ordenanza se vendió entonces como aval para empezar a sancionar. La entrada en vigor se hizo efectiva el 7 de noviembre, pero el Ayuntamiento se encontró otra vez con que no estaban tramitados los permisos. Como excusa, en una nota de prensa, se publicitó que habría «unos meses de adaptación», en los que el consistorio no aplicaría «la norma en su apartado de sanciones» y comprometía que, cuando se hiciera, se informaría «debidamente a la ciudadanía».
Ahora, el Ayuntamiento de León sí ultima las notificaciones de los permisos, que ya están cursados para la mayoría de los que presentaron la solicitud por sede electrónica y avanzan en los casos de aquellos que lo huicieron presencial, tanto en San Marcelo como en Ordoño. Multar o no, ya sólo depende de lo que diga Diez.