Más de 3.000 solicitudes para las vías peatonales de la ZBE de León siguen paradas

Un año después de que se anunciara por primera vez, el Ayuntamiento de León se abre paso al fin por encima de la tramitación administrativa y los juzgados para poder multar en las nuevas calles peatonales del centro de la ciudad, incluidas dentro de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La ordenanza ya está aprobada, la entrada en vigor se abre el 7 de noviembre, pero en todo este tiempo el equipo de gobierno de José Antonio Diez no ha logrado tramitar los permisos para los vehículos susceptibles de autorización. Hay más de 3.000 solicitudes presentadas, pero a las que no se ha dado contestación, lo que mantiene la inseguridad jurídica.

No se trata de la primera vez. En noviembre del pasado año se publicitó que , el 1 de marzo, se abriría el plazo para poder sancionar en estas calles: Alfonso V, San Agustín, Gil y Carrasco, Alférez Provisional, Alcázar de Toledo (entre San Agustín y plaza de La Inmaculada), Villabenavente (entre Arquitecto Torbado y Burgo Nuevo), Fuero, Arco de Ánimas, Ramiro Valbuena, Carreras, Cubos, Pelayuelo y Pontón. Pero, ante la revuelta de los vecinos, se decidió desde el gobierno municipal socialista dar una moratoria hasta el 1 de junio para poder tramitar las autorizaciones.

La fecha venció con cerca de 2.500 solicitudes de autorización en las dependencias del consistorio pendientes de contestar. Los trabajadores municipales admitieron que no daban abasto para tramitarlas y, sin ningún pronunciamiento público oficial, desde la Policía Local se informó a los afectados de que habría un periodo de adaptación de 20 días en los que las cámaras de lectura de matrículas estarían encendidas pero no multarían.

No lo hicieron tampoco rebasado este plazo. La indefinición la acabó por resolver el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el 24 de junio. Los magistrados, como respuesta al recurso presentado por el PP, sentenciaron la «nulidad de pleno derecho evidente y notoria» de la tramitación, que había querido sustentar las medidas mediante «un bando» de Alcaldía «inadecuado en términos jurídicos, que regula y limita la circulación del tráfico en una zona amplia del Ayuntamiento de León afectando a derechos de los ciudadanos sin la debida cobertura de una ordenanza municipal».

El gobierno de Diez asumió el auto de paralización cautelar con el argumento de que, si sacaba adelante la nueva ordenanza de movilidad, solventaría los reparos judiciales. La normativa la aprobó el PSOE, con el apoyo de UPL, pero casi cuatro meses después del pronunciamiento del TSJ el escenario de tramitación de los permisos para atravesar por estas calles no ha mejorado, sino que hay más.

Los operarios estiman que hay más de 3.000 solicitudes sin contestar. En la lista se cuentan los que pueden circular sin limitaciones, como los residentes en estas calles con garaje, los usuarios de garajes o los vehículos destinados al servicio de auto-taxi y alquiler con conductor; así cómo los que tiene restricciones parciales, caso de los residentes sin garaje, los titulares de establecimientos, la carga y descarga, los mayores de 65 años y personas enfermas o en situación de dependencia, las personas en situación de discapacidad o los usuarios de una segunda residencia. La normativa les permite pasar, si tramitación el permiso. Pero a tres semanas de que pueda multarse aún no saben si lo tienen.