El Gobierno atasca el futuro del ferrocarril en León entre dos estudios de viabilidad

Las conexiones ferroviarias de León cuelgan del alero de dos estudios llamados a definir la conveniencia de las obras. Los tiempos de la intervención pública en las vías de la provincia son diferentes a otros territorios: mientras se procesaron los análisis, las reformas avanzan sin obstáculo alguno en otros puntos. 

La balanza se presta para medir cómo se desarrolla el bypass que seca la posición estratégica que contaba hasta ahora León en el mapa ferroviario del noroeste, en la afamada U de Olmedo, en Valladolid, o la terminal de mercancías de aquella provincia, en el mismo periodo en el que la variante del Manzanal, entre León y Ponferrada, o la reapertura de la Ruta de la Plata, entre Astorga y Plasencia, se baten entre informes que no acaban de florecer. 

Las dos formas de afrontar una necesidad salpica de lleno al trato político al retraso endémico que padece la provincia leonesa, en pleno descuento de efectivos, medios y estructuras competitivas en estructuras de ferrocarril. El estudio, de viabilidad o informativo sobre las alternativas posibles, es la analogía que comparten estos dos ramales que hasta hace medio siglo fueron testigos de cargo del desarrollo que celebró León. La línea a Galicia, cuando Galicia y el flanco oeste encontraron el progreso a lomos de un tren, y la Ruta de la Plata, que el PSOE cerró en 1985 mientras dejó al dorsal oeste del país en la condena de la recesión social, económica y poblacional. Los dos estudios se encuentran en la cabecera de la petición de cuentas al Gobierno; uno, que iba a determinar la opción de reabrir la conexión Astorga-Plasencia, porque se ha superado el plazo de desarrollo y los defensores de la reapertura de la línea ya se temen lo peor. José María Alonso, portavoz de la plataforma Corredor Oeste, que aglutina la resistencia y lucha del oeste peninsular por recuperar el tren, analiza este retraso como muestra de que no habrá buenas noticias para León, Zamora, Salamanca y Cáceres, principales damnificados de un corte de actividad que en cuarenta años certifica la defunción de este espacio por el poniente Español; la vía permitía enlazar la península de norte a sur, de Asturias a Cádiz, según se añora en la memoria que avala el retorno de la circulación a las vías. 

La pasada semana caducó el plazo dado para un informe que tenía un tiempo de ejecución de tres años. «Durante este tiempo nos han entretenido mientras se escondían detrás de un estudio; nunca, el ministerio de Transportes, el Gobierno, tuvo ni tiene la voluntad política de reabrir la Ruta de la Plata», expone José María Alonso, desde este Corredor Oeste que alumbra casi todos los movimientos e iniciativas a favor del ferrocarril. 

Alonso recordó estos días la certeza que se maneja en los círculos técnicos y ciudadanos que sujetan la resistencia en favor de la Ruta de la Plata que el estudio fue la herramienta del Gobierno ante la «presión social y ante el miedo a las elecciones que se avecinaban» en 2023. La analogía con los estudios e informes que ponen el pie al desarrollo de las estructuras ferroviarias ensombrece el avance de la vía entre León y Ponferrada, y una alternativa al lazo en forma de variante, que no evoluciona en ningún sentido. Aquí, los matices salpican varios matices de implicación política.

El ministro de Valladolid le prometió al presidente de la Diputación de León, del mismo PSOE, y al vicepresidente, de la UPL, que el estudio de viabilidad que tiene que determinar si es factible o cómo se puede renovar la vía de León a Ponferrada iba a estar definido a finales de año (2025) o principios de 2026. La promesa es de mediados de octubre, que ese envolvió en el mismo papel de indefinición que la central de carga del aeropuerto de León o el regreso del tren a la estación de Matallana. La licitación del tramo de la A-76 de Ponferrada a Orense entre Villamartín de la Abadía y Requejo iba en la misma entrega. El estudio de viabilidad de la vía León-Ponferrada se adjudicó en 2024 a la empresa WSP Spain-Apia, a cambio de 496.000 euros para determinar si existen alternativas viables a eliminar el lazo del Manzanal; un estudio previo y de análisis; una fase de elaboración de análisis con detalles de las alternativas, su tono técnico, ambiental, económico y social; y la elaboración de análisis comparativo de las diferentes alternativas y conclusiones.