El 23-F en León: del Gobierno de transición de Martín Villa con Fraga a las pintadas "Tejero libre, muera la democracia"

Los documentos desclasificados del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 han revelado información inédita sobre cómo afectó el intento golpista a la provincia de León, incluyendo pintadas favorables al teniente coronel Antonio Tejero en Ponferrada y una hipótesis política que situaba al leonés Rodolfo Martín Villa como posible integrante de un Gobierno de transición con Manuel Fraga como presidente. El Boletín Oficial del Estado publicó este miércoles el acuerdo del Consejo de Ministros que desclasifica 153 unidades documentales relacionadas con aquel suceso, tras considerar que ya no suponen "un riesgo para la seguridad y defensa del Estado".

Entre la documentación liberada destaca un manuscrito anónimo fechado en noviembre de 1980, tres meses antes del asalto al Congreso, que analiza distintos escenarios de golpe civil o militar contra el entonces presidente Adolfo Suárez. Este documento, custodiado en los archivos del Ministerio del Interior, dibuja una "panorámica de operaciones en marcha" con múltiples alternativas políticas y militares. La figura del leonés Martín Villa aparece mencionada en uno de estos escenarios, aunque con escasas posibilidades de éxito según el propio análisis.

Los papeles desclasificados también revelan la radiografía del ambiente social en León durante aquellas jornadas convulsas, con especial atención a las manifestaciones de apoyo y rechazo al golpe registradas en diferentes localidades de la provincia. La Jefatura Superior de Policía de Oviedo documentó con detalle las reacciones ciudadanas, desde las pintadas aparecidas en muros de Ponferrada hasta el posicionamiento oficial del Ayuntamiento de León.

El escenario político con Martín Villa como protagonista

El manuscrito desclasificado plantea cuatro alternativas civiles para un cambio de Gobierno, clasificadas por ideologías: democristiana, mixta, socialista y liberal. En la opción catalogada como "de ideología mixta", aparece Rodolfo Martín Villa como figura central de una operación que daría paso a un Ejecutivo formado por PSOE y Alianza Popular, con Manuel Fraga como presidente.

El documento recoge literalmente que este movimiento liderado por Martín Villa tendría "muy escasa viabilidad" y añade que "M. Villa ocuparía presidencia con vistas a 1983". El texto también señala que esta alternativa "no cuenta con Fraga", lo que evidencia las tensiones y recelos entre los diferentes actores políticos del momento. Se trataba, según el análisis, de una maniobra compleja que buscaba tender puentes entre la izquierda socialista y la derecha conservadora, utilizando la figura del entonces ministro del Interior como elemento articulador.

Esta opción se enmarcaba dentro de los movimientos políticos previos al golpe que buscaban alternativas a la crisis de Gobierno que atravesaba UCD. Martín Villa, leonés, era considerado en aquel momento uno de los políticos más influyentes del momento, con un perfil técnico y capacidad negociadora que algunos sectores veían como idóneo para liderar una transición ordenada.

Pintadas en Ponferrada: "Tejero, libre. Muera la democracia"

Los informes policiales desclasificados documentan la aparición de pintadas favorables al golpe en la ciudad berciana de Ponferrada durante las horas posteriores al asalto al Congreso. La Jefatura Superior de Policía en Oviedo registró textos como "Tejero libertad", "Tejero libre 23-F", "Ejército al poder", "Tejero valiente 23-F" y "Muera la democracia, además de un escueto "Viva España". 

Estas manifestaciones de apoyo al teniente coronel golpista contrastaban con otras pintadas de signo opuesto que también aparecieron en Ponferrada. Los documentos recogen que, suscritas por las siglas M.C., se encontraron textos como "Frente a la agresión militar, huelga general", "Disolución de la Guardia Civil", Por una ley antifascista" y "Por la deputación de elementos fascistas del ejército", entre otras consignas. 

Este enfrentamiento en las paredes de la ciudad berciana reflejaba la polarización social del momento, con sectores que veían en la asonada militar una solución a la crisis política y otros que defendían el orden constitucional recién estrenado. Los informes policiales también dan cuenta de que se celebró una asamblea en la Facultad de Veterinaria de León con el fin de redactar un comunicado a la opinión pública sobre los sucesos del día 23 en Madrid.

Normalidad absoluta según los informes policiales

A pesar de las pintadas y las tensiones, la Jefatura Superior de Policía informó de "normalidad absoluta" en toda la provincia de León durante aquellas jornadas. Los documentos señalan que "no hay previstos actos de carácter público en protesta por la ocupación del Palacio del Congreso de los Diputados", aunque sí se registraron paros de dos horas en las provincias de Santander y Oviedo, y también en las factorías de Fasa en Valladolid.

El informe policial insiste en que en León se vivió "absoluta normalidad" en toda la provincia, lo que contrasta con la información sobre las pintadas de Ponferrada y las asambleas universitarias. Esta aparente contradicción podría explicarse por el hecho de que no se produjeron incidentes violentos ni manifestaciones multitudinarias, a pesar de la evidente división de opiniones reflejada en las paredes de la ciudad berciana.

El Ayuntamiento de León, primera corporación en pronunciarse

El acta del Pleno del Ayuntamiento de León celebrado el 24 de febrero de 1981 constituye la primera declaración institucional contra el golpe realizada por una corporación municipal española. El secretario del Consistorio documentó cómo los portavoces de todos los partidos con representación municipal se reunieron para aprobar un comunicado de rechazo al asalto del Congreso.

Firmaron la declaración Salustiano López Contreras por UCD, en ausencia del alcalde y sin poder contactar con el secretario provincial José Antonio Cabañeros; José María Suárez por Coalición Democrática; Maximino Barthe por el PSOE y Arturo Sabio por el PCE. El texto aprobado expresaba el "total rechazo por tan repudiable suceso" y mostraba solidaridad con "la actitud adoptada por S.M. el Rey".

El comunicado leonés destacaba la "serenidad demostrada por el pueblo en general" y reiteraba el compromiso de "defender la Constitución y la Democracia". Todos los miembros corporativos aprobaron íntegramente el contenido del escrito, según refleja el acta municipal. En Ponferrada, la corporación municipal se reuniría por la noche para adoptar una postura similar.

Otros escenarios contemplados en los documentos

Además del hipotético Gobierno con Martín Villa, el manuscrito de noviembre de 1980 contemplaba otras alternativas políticas. Entre las opciones civiles, se mencionaba un movimiento de ideología democristiana liderado por Herrero de Miñón y Álvarez Landelino, con miembros de UCD, al que también se otorgaban "escasas posibilidades".

En el ámbito socialista, el documento analizaba dos posibilidades: una exclusivamente civil mediante una moción de censura con apoyo de disidentes de UCD y abstención del PCE, considerada de "muy escasa" viabilidad; y otra opción calificada como "civil con complemento militar" que tendría "credibilidad casi total" si contaba con el "apoyo de la Corona" y el "reclutamiento de un general" de "talante liberal" como Gutiérrez Mellado, Satrústegui o Díez Alegría.

Por último, se daba viabilidad "prácticamente nula" a un movimiento liberal liderado por Antonio Garrigues, señalando como inconveniente que no disponía de fuerzas parlamentarias propias. La estrategia planteada para esta opción consistía en crear su grupo político propio para 1983, insertándose en UCD y desplazando a otros líderes.

El guardia civil leonés que disparó al techo de 20 a 22 veces

El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 constituyó el episodio más grave contra la democracia española desde la aprobación de la Constitución de 1978. El teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en el Congreso de los Diputados durante la votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo como presidente del Gobierno, reteniendo a diputados y miembros del Ejecutivo durante casi 18 horas.

Gonzalo Díaz, guardia civil berciano, protagonizó uno de los momentos más icónicos del 23-F cuando disparó al techo del Congreso de los Diputados. Su imagen, metralleta en mano apuntando a los diputados junto al teniente coronel Antonio Tejero, quedó inmortalizada en la historia democrática española. 

El relato de Díaz ofrece una perspectiva inédita sobre el intento de golpe de Estado que paralizó España. Como miembro del Departamento Especial de Tráfico de Madrid, aquel 23 de febrero acudió a su puesto como cualquier otra jornada laboral. Sin embargo, sobre las cinco de la tarde recibió una orden que cambiaría su vida. Saber, no sabían nada; lo que sí es verdad es que cuando se fueron del cuartel ya sabían que iban a ir a algo muy gordo. Ni a los toros, ni al fútbol. Algo muy raro y muy grave.

Díaz conocía a Tejero de vista, aunque no era su superior jerárquico directo. La operación se desarrolló con rapidez: llegaron a la Carrera de San Jerónimo poco antes de las seis de la tarde, justo cuando estaba prevista la votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del Gobierno. Empezaron a entrar, unos se fueron a los garajes... La mayoría entraron al edificio y unos pocos al hemiciclo, entre ellos él, que fue uno de los diez que dio la cara.

Cuando entró en la Cámara Baja portaba una metralleta Z-72, el arma con la que ejecutaría los disparos que sembraron el pánico entre los parlamentarios. Casi todas las balas fueron suyas. Disparó 17 y muchas más no se tiraron; fueron en total 20, 22. Fue él quien rompió las cámaras de televisión que retransmitían en directo la sesión de investidura, aunque obtuvo una mirada de reproche de Tejero. 

¿Qué fue el 23-F?

El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, conocido popularmente como 23-F o el Tejerazo, constituye uno de los episodios más graves para la democracia española tras la muerte de Francisco Franco. Aproximadamente a las 18:23 horas de aquel lunes, unos 200 guardias civiles al mando del teniente coronel Antonio Tejero irrumpieron en el Congreso de los Diputados durante la segunda votación para investir presidente del Gobierno a Leopoldo Calvo Sotelo.

El asalto se produjo en un contexto de inestabilidad política tras la dimisión de Adolfo Suárez como presidente apenas un mes antes. Los golpistas mantuvieron secuestrados a los diputados, al Gobierno en funciones y a miembros de la familia real durante más de 18 horas. Paralelamente, el capitán general de Valencia, Jaime Milans del Bosch, sacó los tanques a las calles en apoyo al golpe. La intervención decisiva del rey Juan Carlos I, rechazando el golpe y ordenando a las Fuerzas Armadas mantener el orden constitucional, resultó fundamental para el fracaso de la intentona.

¿Cuántos guardias civiles participaron en el asalto al Congreso?

Según diversos testimonios y fuentes históricas, aproximadamente 200 guardias civiles participaron en el asalto al Congreso de los Diputados el 23-F. De ellos, solo una decena entró directamente al hemiciclo y dio la cara ante las cámaras y los diputados, como fue el caso del berciano Gonzalo Díaz. El resto se distribuyó por otras zonas del edificio, incluidos los garajes y accesos, controlando las salidas y asegurando el perímetro del Palacio de las Cortes durante las horas que duró el secuestro.

¿Qué consecuencias tuvo el 23-F para sus participantes?

Los responsables del golpe de Estado fueron juzgados y condenados en un proceso judicial que se celebró entre febrero y junio de 1982. Antonio Tejero fue condenado a 30 años de prisión por rebelión militar, aunque finalmente fue puesto en libertad en 1996 tras cumplir 15 años de condena. Jaime Milans del Bosch recibió la misma pena, mientras que otros implicados tuvieron condenas menores o fueron absueltos.

Para los guardias civiles rasos que participaron en el asalto, como Gonzalo Díaz, las consecuencias penales fueron menos severas que para los cabecillas. Muchos de ellos alegaron haber cumplido órdenes sin conocer la verdadera naturaleza de la operación. El 23-F marcó un punto de inflexión en la consolidación de la democracia española, demostrando que las instituciones y la Corona estaban comprometidas con el sistema constitucional frente a cualquier intento de regresión autoritaria.

La intervención del Rey Juan Carlos I fue determinante para el fracaso del intento golpista, al ordenar a los mandos militares que mantuvieran la legalidad constitucional. Los autores del golpe fueron finalmente condenados por un delito de rebelión militar mediante sentencia del Tribunal Supremo del 22 de abril de 1983.

¿Por qué se desclasifican ahora estos documentos?

El Gobierno ha justificado la desclasificación argumentando que "el transcurso del tiempo y la consiguiente lejanía" respecto de las circunstancias que motivaron la clasificación de estos materiales ha dejado sin validez los argumentos para mantenerlos secretos. El Ejecutivo considera que ya no existe "ningún riesgo real y presente" para la seguridad del Estado.

La decisión responde también al derecho fundamental de comunicar y recibir información veraz y al derecho de acceso a los archivos y registros públicos. La desclasificación afecta a toda la documentación encontrada hasta el momento relacionada con el 23-F, un total de 153 unidades documentales que han sido puestas a disposición del público a través de la página web de La Moncloa.

¿Qué revelan estos papeles sobre la situación política de 1980-1981?

Los documentos desclasificados muestran la inestabilidad política que caracterizó el periodo previo al golpe, con múltiples sectores conspirando o planteando alternativas al Gobierno de Adolfo Suárez. La crisis interna de UCD, las presiones desde sectores militares y empresariales, y las tensiones entre reformistas y continuistas del franquismo creaban un clima de incertidumbre.

El manuscrito anónimo evidencia que existían análisis detallados sobre posibles cambios de régimen, tanto desde perspectivas civiles como militares, lo que indica que el golpe del 23-F no fue un hecho aislado sino el resultado de una atmósfera conspirativa que se había ido gestando durante meses. La mención a figuras como Martín Villa, Fraga o Garrigues demuestra que diversos actores políticos eran contemplados como piezas de distintos escenarios de ruptura o continuidad democrática.