La discriminación fiscal positiva para las comarcas deprimidas aún figura en el debe
El reto de los impuestos adapatados se antoja básico en la hoja de ruta política
Las zonas mineras desfavorecidas, como Villablino, requieren una fiscalidad adaptada a sus posibilidades.
La versión moderna del milagro de los panes y los peces es la panacea que soluciona buena parte de los males del mundo rural. Rebajas en la fiscalidad, menos impuestos. Pero la caída de ingresos tiene la contrapartida de la dificultad para prestar servicios. Para fijar población, la única solución es hacer más atractiva la posibilidad de mejorar los índices de actividad en las zonas no urbanas por la vía de la reducción de impuestos o las ayudas de estas características. La fiscalidad es uno de los caballos de batalla de estas elecciones.
Por de pronto, las medidas más urgentes en materia de fiscalidad deberían estar dirigidas al Valle de Laciana y a la comarca del Bierzo para conformar un sistema de impuestos adecuado que permita a las zonas más deprimidas por la supresión de la minería soportar un modelo económico que no comporte la migración de la población a otras comarcas en el mejor de los casos, o a otras comunidades autónomas.
La normativa de la Comunidad Autónoma de Castilla y León establece beneficios fiscales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en forma de reducciones en la base imponible y bonificaciones en la cuota. Deviene en necesario, visto el panorama, mantener la bonificación del 99% del impuesto sobre sucesiones y donaciones entre familiares directos, es decir, entre padres e hijos, abuelos y nietos y entre cónyuges. Es una de las medidas más populares en esta materia y requiere continuidad.
Actualmente la Junta contempla reducciones fiscales para hijos y nietos menores de 21 años: Los descendientes y adoptados menores de 21 años pueden reducir su base imponible en 60.000 euros más 6.000 euros adicionales por cada año que les falte para cumplir esa edad.
Pero también se fija una propuesta de apoyo a la adquisición de empresas familiares (empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades que no coticen) situadas en León, los descendientes/adoptados, ascendientes/adoptantes, cónyuges y colaterales por consanguinidad hasta el 3º grado del causante, disfrutan de una reducción del 99% del su valor.
Uno de los grandes caballos de batalla para la Comunidad son las infraestructuras. Las competencias en materia de autopistas y autovías corresponden al Gobierno Central, pero es evidente que se necesita rescatar los peajes de las autopistas León-Campomanes y León-Astorga como elemento dinamizador de la economía. Se trata de una de las viejas reivindicaciones del León y en el Principado de Asturias da la sensación de que la movilización tiene más adeptos.
Por de pronto, en esta materia se ha adoptado la gratuidad del transporte interurbano a través de la tarjeta Buscyl para favorecer a quienes se ven obligados a hacer de la movilidad uno de los elementos fundamentales del día a día. Como elemento de trabajo o por cuestiones familiares, la ayuda al transporte siempre ha sido uno de los grandes reclamos electorales. Ya lo esgrimió en campaña municipal el alcalde de León, José Antonio Diez, que prometió el coste cero de los autobuses urbanos pese a que luego no cumplió con la medida anunciada.
El PP sostiene que, durante esta legislatura, el Gobierno autonómico ha bajado 34 impuestos, circunstancia que sitúa a la Comunidad con la fiscalidad más baja de su historia, convirtiéndola en un referente a nivel nacional en fiscalidad favorable para el medio rural. Para el PSOE se necesita consciencia “de que somos una comunidad autónoma de pequeñas y medianas ciudades y, por tanto, que la fiscalidad, que es uno de los puntos clave también sobre los que pilota las 175 medidas, tiene que tener una adaptación al territorio». UPL argumenta que las políticas actuales conforman una forma de exclusión financiera y Vox es más radical y determina la conveniencia de ejecutar un bajón radical de la carga financiera, sin más explicación.
COMPENSACIONES
Lo que no se explica a las claras es de dónde saldría la parte del presupuesto que habría que completar con el desfase que generaría en la contabilidad la caída de ingresos. En el corolario de campaña aparece la palabra mágica: gestión. Se trataría de optimizar otros recursos para habilitar una supuesta defensa del bolsillo de los leoneses. Sobre todo, de los del campo.
Es necesario actualizar de forma urgente el IRPF a la inflación con la devolución de una parte de lo recaudado, así como un plan de vivienda inmediato y un impulso a la fiscalidad que premie el ahorro», además de eliminar el calendario de cierre nuclear y el impuesto de generación.
Actualmente son similares los cánones de tributación en un pequeño municipio del Valle del Mena en Burgos o del Bierzo o de Laciana con una gran capital. Castilla-La Mancha, por ejemplo, dispone de una ley de despoblación que recoge estas medidas y plantea una fiscalidad reducida entre un 10% y un 25% dependiendo de cuál es la situación de cada una de las comarcas que acojan a esos negocios o que acojan la residencia de las personas.
DIÁLOGO SOCIAL
La fiscalidad requiere de una política de mano abierta con el Diálogo Social. También es prioritario impulsar el Servicio Público de Empleo como instrumento para conectar empresas y formación para que la formación que se dé a los jóvenes vaya orientada a las necesidades empresariales en la Comunidad.
Los impuestos deben estar diseñados de tal forma que se garantice la pervivencia de los servicios, evidentemente, pero a la vez posibilitar que actividades como el comercio tradicional de proximidad tengan relevo generacional, o el impulso de planes de empleo territoriales de empleo que refuercen la actividad económica de las comarcas. Todo pasa por una fiscalidad diferenciada y la mejora de la conectividad en el medio rural, así como luchar contra la exclusión financiera.
Las Cortes ya aprobaron hace dos años una propuesta para tener en cuenta los criterios de envejecimiento y despoblación en las políticas públicas, impulsar medidas de fiscalidad diferenciada en el medio rural, mejorar los servicios e invertir en medidas especiales para el fomento de la natalidad y la fijación de jóvenes en los pueblos. Ahora se exigen medidas encaminadas a revertir el envejecimiento y la pérdida de habitantes.
La defensa de los productos de la tierra frente a acuerdos comerciales internacionales también pasa por el adecuado diseño de las políticas fiscales pensando en esta realidad. Productos de León es un buen campo de pruebas en este sentido.