El Procurador del Común exige a León un canal para denunciar a los patinetes eléctricos
- El organismo reclama al Ayuntamiento que «mejore los mecanismos de control y vigilancia»
- El sistema de denuncias debe «integrarse» en los medios municipales y ser «sencillo»
Dos patinetes circulan de manera irregular por la acera de Ramón y Cajal.
No le vale al Procurador del Común con las medidas puestas en marcha por el Ayuntamiento de León para atajar el problema creciente de inseguridad vial generado por los patinetes eléctricos. Como resolución del expediente abierto de oficio en noviembre del año pasado, tras recibir la información requerida al consistorio, el organismo gestionado por Tomás Quintana reclama al gobierno de José Antonio Diez refuerce la difusión de la ordenanza reguladora, «mejore los mecanismos de control y vigilancia», vele «especialmente por el cumplimiento de las medidas específicas establecidas para la protección de colectivos vulnerables en el espacio peatonal» y, como añadido, «habilite un sistema de denuncia ciudadana para las infracciones» de estos vehículos.
El informe incide en que «el establecimiento de un canal específico y accesible de denuncia ciudadana para infracciones de vehículos de movilidad personal (VPM)» permitirá «a los peatones, especialmente a los pertenecientes a colectivos vulnerables, comunicar de forma sencilla y efectiva las conductas infractoras observadas». Este medio «deberá integrarse en los sistemas de atención ciudadana ya existentes (web municipal, aplicación móvil, servicio 010), garantizando la tramitación efectiva de las comunicaciones recibidas y la información de retorno al denunciante», según se expone en la resolución, remitida también al resto de ayuntamientos de capitales de provincia y grandes ciudades, pero con análisis de las características de cada una en función de sus datos.
El documento reseña la necesidad de que el Ayuntamiento de León «mejore los mecanismos de control y vigilancia». El Procurador del Común reclama al Ayuntamiento de León que elabore «un plan anual de control de VMP que identifique las zonas de mayor conflictividad, los períodos de mayor uso y los colectivos más vulnerables», además de que establezca «actuaciones de vigilancia programadas y evaluables». Pese a los datos de las campañas apuntadas por el gobierno municipal, Quintana insta al consistorio a que genere «protocolos específicos de actuación para la Policía Local en materia de control e intervención frente a infracciones» de los patinetes eléctricos, con los que «garanticen la homogeneidad de criterios en la actuación policial y el rigor técnico en la elaboración de los atestados y denuncias». A mayores, reclama que se promueva una «formación especializada» de los agentes para identificar a los infractores y usar «instrumentos tecnológicos disponibles para la captación de evidencias».
El canal de denuncias planteado tiene que conectarse con la web municipal, la app y el 010 y garantizar la respuesta a los ciudadanos
La resolución recalca la necesidad de que el Ayuntamiento de León «mantenga y, en su caso, refuerce los mecanismos de difusión y publicidad de la Ordenanza de Movilidad entre la ciudadanía, con especial atención a los colectivos que hacen un uso más intensivo» de los patinetes eléctricos, «en particular los jóvenes y los usuarios habituales, a fin de garantizar el conocimiento efectivo de las obligaciones, prohibiciones y consecuencias sancionadoras establecidas». Esta labor «debe incidir de forma particular en las restricciones de edad mínima», fijada en 16 años, «las normas de circulación por el espacio urbano, las obligaciones de seguridad personal y los requisitos administrativos, seguro obligatorio y registro», como se detalla en el informe, en el que se aplaude la nueva normativa reguladora elaborada por los técnicos municipales que entró en vigor el 7 de noviembre.
El Procurador del Común incide en la necesidad de que el consistorio «complete y sistematice el registro de sanciones»
Dentro de este control, Quintana recalca la obligación de «velar especialmente por el cumplimiento de las medidas específicas establecidas para la protección de colectivos vulnerables en el espacio peatonal», entre los que cita a los mayores, personas con discapacidad y menores, a la vez que pide «desarrollar campañas de concienciación específicamente dirigidas a estos colectivos sobre sus derechos como usuarios preferentes y sobre los mecanismos disponibles para denunciar las conductas infractoras». Como complemento, el Procurador del Común solicita que se desarrollen «programas de educación e información vial para usuarios de VMP», en los que se preste «atención prioritaria a los jóvenes y adolescentes», en colaboración con «centros educativos, asociaciones de vecinos y otras entidades del tejido asociativo local».
Frente a los datos insuficientes aportados por el Ayuntamiento de León, que sólo facilitó las sanciones de 2024 y 2025, pese a que se le pedían desde 2021, el Procurador del Común le demanda una «mejora del sistema de registro y estadística sancionadora». Dentro de esta documentación, se requiere que se diferencien «por cada categoría, la calificación jurídica de las infracciones, los importes y el resultado final», como se detalla en la resolución, en la que se describe que, «de la información disponible», se deduce que «las infracciones más frecuentemente sancionadas son el incumplimiento del orden de prioridad de las vías de circulación, la conducción por personas menores de la edad mínima permitida, la circulación de dos personas sobre el mismo VMP, la circulación por aceras, la conducción poniendo en peligro a otros usuarios de la vía, la circulación por zonas peatonales a velocidad inadecuada, la conducción de forma negligente, el uso de cascos o auriculares de música, el uso incorrecto del casco de protección y el incumplimiento de las indicaciones de los agentes de circulación».