Más de 2.000 soldados de León, lejos de la jubilación anticipada al excluirles Defensa

El Ministerio de Defensa, tras años de espera y reclamaciones por parte de las asociaciones militares, anunció esta semana que iniciaría los trámites para declarar profesión de riesgo a los trabajadores del Ejército. Una situación que, sin embargo, según denunciaron ayer la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas, la Asociación Unificada de Militares Españoles y la Unión de Militares de Tropa dejará fuera de este reconocimiento a todos aquellos que formen parte del régimen de Clases Pasivas.

En la provincia de León, con cifras redondas, trabajan cerca de cuatro mil soldados repartidos en las tres bases, con el grueso vinculado al Ejército de Tierra en Conde de Gazola. De ellos, más de dos mil, según barajan las tres asociaciones, no podrán beneficiarse de la declaración de profesión de riesgo, que incluye la rebaja de la edad de jubilación cobrando el 100%.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, anunció esta exclusión en el pleno del Consejo de Personal, en el que se iniciaron los trámites con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para incluir al Ejército en las profesiones de riesgo, pero con el matiz de que sólo beneficiaría a los efectivos integrados en el régimen de la Seguridad Social. Es decir, solo a aquellos que ingresaron en las Fuerzas Armadas después de enero de 2011.

«En Irak, Líbano, Turquía o cualquier otra misión o cometido corre el mismo riesgo el militar de la Seguridad Social que el de Clases Pasivas, es la misma profesión y debe recibir el mismo trato», señalaron ayer las tres asociaciones de militares. Clases Pasivas es un régimen especial del sistema público de pensiones en España, destinado principalmente a funcionarios civiles y militares, que se cortó en enero de 2011, momento en el que los nuevos funcionarios se incorporan ya a la Seguridad Social, como el resto de los trabajadores, con el objetivo de llevar a la extinción el régimen anterior.

Las tres asociaciones militares señalan que por ahora se desconoce «cuándo el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones finalizará el trámite», pero añaden que «después de años peleando» para conseguir la declaración de profesión de riesgo Defensa no puede abordarlo de esta manera, «gota a gota» porque si es preciso hacer algún cambio «en la normativa del régimen de Clases Pasivas, que se haga», ya que esta medida tiene gran impacto a nivel nacional, ya que al igual que en los soldados destinados en la provincia de León, más de la mitad de los militares se quedarán fuera de esta cobertura. Así, las asociaciones exigen «varias medidas compensatorias» como la modificación de la Ley General de Seguridad Social para permitir el paso de un régimen a otro, una especie de pasarela, el incremento de haberes reguladores, el pase voluntario a la reserva a los 58 años tanto para oficiales como suboficiales y el ascenso en la reserva.

Los mineros, los policías locales, los bomberos, los pilotos o los artistas y los toreros son consideradas profesiones de riesgo. Una reclamación histórica por la que llevan pelando no sólo los militares, también los agentes de la Guardia Civil —instituto armado de naturaleza militar y con carácter policial—, que aún no saben si serán incluidos o no en este proceso. De hecho, la Asociación Unificada de Guardias Civiles calificó de «inadmisible» que el Ministerio de Defensa mantenga la «incertidumbre» y no aclare si el Instituto Armado está incluido en el reconocimiento de las Fuerzas Armadas como profesión de riesgo anunciado este martes y lamentó que obligue a los representantes de la Benemérita a «ejercer presión» para que «el Ministerio de Interior y la Dirección General abandonen el mutismo». En esta línea la asociación con mayor representación en la Guardia Civil exigió al Ejecutivo que «despeje cualquier ambigüedad».

Si la carrera militar es considerada profesión de riesgo, se aplicará a los soldados un coeficiente reductor que, en función de cada año trabajado, podrán adelantar la jubilación cobrando la pensión completa. Esto está vinculado a mejoras en el sistema de cotización y a condiciones laborales específicas.