Los usuarios del préstamo de bicis de León alertan de cargos por la mala gestión
- El Procurador del Común exige al Ayuntamiento que «mejore la fiabilidad técnica del sistema»
- La resolución reclama «extremar las garantías» ante las «consecuencias económicas»
Uno de los puntos de anclaje del sistema de préstamo de bicis está en San Marcelo.
La alerta de los usuarios que advierten de que las bicis de préstamo de León quedan «físicamente inmovilizadas en los puntos habilitados», pero figuran como «en uso en la aplicación informática, con las consiguientes repercusiones económicas», como «cargos y penalizaciones, en algunos casos vinculados a fallos técnicos del sistema o a criterios de aplicación que no resultarían homogéneos ni suficientemente claros», la atiende el Procurador del Común. El organismo dirigido por Tomás Quintana, después de analizar la queja y confrontarla con las explicaciones municipales, reclama al Ayuntamiento de la capital leonesa que «adopte las medidas necesarias para mejorar la fiabilidad técnica, en particular en lo relativo a los mecanismos de anclaje y desanclaje», a la vez que refuerce «los sistemas de control, mantenimiento y detección de incidencias».
La resolución de la procuraduría insiste en que «se garantice la existencia de un procedimiento claro, accesible y eficaz para la formulación y resolución de reclamaciones», en el que se asegure «la emisión de respuestas expresas, motivadas y en plazo razonable». No sirve como hace ahora el consistorio, que presta el servicio a través de una concesión a una empresa, según se incide en el informe, en el que se recalca que «la buena administración exige no sólo la posibilidad formal de reclamar, sino el derecho del usuario a obtener una respuesta efectiva y comprensible».
La aplicación de esta máxima lleva al Procurador del Común a exigir al Ayuntamiento de León que, «en la gestión de las incidencias que puedan dar lugar a cargos o penalizaciones, se extremen las garantías en la determinación de responsabilidades», con el objetivo de evitar que se trasladen «a los usuarios las consecuencias económicas derivadas de posibles fallos técnicos del sistema cuando su origen no quede suficientemente acreditado». «La correcta prestación de este servicio exige no solo un adecuado diseño técnico, sino también una organización que garantice de forma efectiva la transparencia, la fiabilidad y la protección de los usuarios, evitando que estos asuman las consecuencias derivadas de este tipo de deficiencias», se explica en el informe, en el que se detalla que, de acuerdo a la ordenanza, el consoistorio puede aplicar «una penalización de 20 euros por devolución de una bicicleta fuera de estación oficial», así como otras «multas y medidas adicionales, incluida la desactivación temporal del usuario en el sistema».
La resolución abunda en el que la administración municipal «valore la posibilidad de establecer medidas dirigidas a reforzar los mecanismos de información a los usuarios del servicio de préstamo de bicicletas» con las que garantice que «las condiciones de uso, funcionamiento y responsabilidades previstas en la ordenanza sean accesibles, claras y fácilmente comprensibles en todo momento». El pronunciamiento se sucede después de que el Ayuntamiento de León justificase que «los fallos de carácter estrictamente mecánico en los sistemas de anclaje representan una proporción muy reducida de las incidencias comunicadas por los usuarios, estimada aproximadamente en una incidencia técnica por cada cuarenta de las registradas», además de que «la mayoría de los problemas detectados» son «consecuencia de un uso incorrecto del sistema por parte de los usuarios».