León encarga un plan para los 72.000 tordos y 2.000 palomas que censa
El Ayuntamiento reserva 88.000 € en 4 años para que una empresa los ahuyente
El paseo de la Condesa es uno de los espacios más afectados por los dormideros de los tordos y las palomas.
León busca poner coto a los 72.000 estorninos y las cerca de 2.000 palomas que toman la ciudad. Sin respiro en control que se inició en el año 2016, el Ayuntamiento de la capital leonesa saca de nuevo a licitación el contrato, con un presupuesto de 88.000 euros para cuatro años, con el que gestionar una población que, sobre todo en el caso de las torcaces, se considera que está al límite del «umbral de tolerancia» marcado por la normativa sanitaria.
El contrato fija como objetivos «reducir o evitar la formación de dormideros en zonas urbanas conflictivas», como sucede en el paseo de la Condesa de Sagasta, donde los estorninos hacen campamento cada año. Los tordos pinto y negro han tomado la arboleda, donde se les descubre por el barullo que montan por la noche. No llegan a las enormes bandadas que formaban en los primeros años un espectáculo visual alrededor de dos horas antes del atardecer, con vuelos acompasados en formación de miles de ejemplares, pero aún se mantienen una población excesiva que deja sus muestras en los bancos y en el mobiliario.
El propósito de «minimizar las molestias a la ciudadanía derivadas de concentraciones», que se dan también en otras áreas como el paseo Parque, en el entorno del campus universitario de Vegazana y los parques de los Reyes y Quevedo, se anota también en los pliegos. El plan insiste además en la necesidad de «prevenir la recolonización de zonas previamente tratadas y garantizar un sistema permanente de vigilancia, diagnóstico y actuación frente a concentraciones de aves urbanas».
La misma problemática se advierte con las palomas. La variedad doméstica se concentra más en el centro, donde aprovechan para anidar en edificios abandonados y se han convertido en un problema para las terrazas de la hostelería. Pero junto a este tipo, para las que el Ayuntamiento de León dispone de una brigada que coloca jaulas para apresarlas, el nuevo contrato incide en las torcaces, cuyo número se ha incrementado en estos últimos años.
Las actuaciones para controlar tanto a las palomas como a los estorninos «deberán priorizar técnicas disuasorias y de desplazamiento no letales, conforme a la normativa de protección de fauna silvestre», según se remarca en el documento. Entre estas acciones se citan la utilización de «bioacústica, sonidos de alarma y pirotecnia controlada», así como el empleo de «láser, dispositivos reflectantes y sistemas disuasorios visuales». A mayores, se reseña la posibilidad de acudir al «uso de aves rapaces adiestradas como método natural de control y la captura selectiva, cuando esté autorizada por la normativa». Por si acaso, se deja abierto un apartodo en el que se alude a «cualquier otro método eficaz, compatible con la legislación y los objetivos», y se inste en que las intervenciones deben «realizarse minimizando molestias a la población».
El documento admite que «en los últimos años se ha observado en el municipio de León una creciente concentración de aves urbanas, particularmente estorninos y palomas torcaces, que utilizan diversas zonas de la ciudad como lugares de reposo, dormideros o puntos de concentración». Su incremento genera «diversos impactos negativos, entre los que destacan las molestias acústicas que afectan al descanso de los ciudadanos, la acumulación masiva de excrementos, con efectos sobre la salubridad y limpieza urbana», y el «deterioro de pavimentos, mobiliario urbano, vehículos y fachadas».
El plan para reducir todas estas molestias se distribuye en tres escenarios. Habrá «inspecciones sistemáticas del término municipal con el fin de detectar concentraciones de aves y posibles» nidos, mientras que «durante los periodos de mayor presencia de dormideros, como otoño e invierno, se realizarán al menos dos» revisiones «semanales en las zonas con mayor incidencia». El resto del año, se apunta, valdrá con una pasada a la semana. El plazo «máximo de respuesta a los avisos será de 72 horas, salvo situaciones excepcionales de intervención urgente».