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Archivan el descuadre de 240.000 € en las piscinas de San Andrés del Rabanedo
El principal encausado descargó su responsabilidad en el encargado fallecido
La denuncia sobre el posible descuadre en las piscinas de Trobajo se interpuso en 2024.
La jueza del Tribunal de Instancia Sección de Instrucción Plaza número 3 de León ha archivado el caso de la piscinas de San Andrés del Rabanedo al no encontrar «indicios suficientes para apreciar responsabilidad penal» en las cuatro personas que declararon como investigados por un descuadre en la recaudación de las instalaciones de Trobajo del Camino de 240.000 euros.
En su auto, la magistrada no aprecia que cometieran delitos de apropiación indebida o malversación «ni por haber participado directamente en la psible conducta delicitiva ni por haber faltado gravemnente a su deber de vigi.lancia para evitar la desvaiación de la recaudación», ya que valora que eso se podrçia imputar «a la única persona encargada de ingresar» las cantidades a la cuenta del Ayuntamiento «y que ha fallecido».
De modo que las posibles las irregularidades contables en las piscinas municipales y centro de ocio de Trobajo del Camino han dado un giro con su desestimación judicial en primera instancia que el Ayuntamiento va a recurrir.
El principal encausado por el presunto desfalco de ingresos públicos, S.G.G., desvió en su declaración ante la jueza el foco precisamente hacia el encargado fallecido. Según el testimonio del procesado, la responsabilidad administrativa y el manejo de los flujos de caja recaían sobre el finado y él se desvinculó de la desaparición de miles de euros procedentes de las entradas y abonos de los usuarios.
El escándalo estalló tras detectarse un descuadre sistemático entre los tickets emitidos y el dinero efectivamente ingresado en las cuentas del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo. Durante años, las piscinas de Trobajo —un centro con gran afluencia— funcionaron bajo una gestión, cuanto menos, opaca, fruto de la recaudación diaria que nunca llegaba a ser fiscalizada por la tesorería municipal.
La sospecha recae sobre un sistema de cobro manual o paralelo que permitía que parte de los ingresos por acceso a las instalaciones se «evaporara» antes de ser registrado. Con el fallecimiento del encargado (Gonzalo), el principal sospechoso se presentó ante la jueza como una figura secundaria sin capacidad de decisión ni control sobre el dinero. y culpó a la antigua dirección. El Ayuntamiento, personado en la causa, aportó varios informes técnicos de recaudación que no hicieron necesario que declarara el recaudador.
En el documento se cruzaban los datos de asistencia y las ventas estimadas de abonos contra los ingresos bancarios reales. Una «prueba de algodón» para determinar si el desfalco se debió a una negligencia administrativa o, como todo apuntaba, a un plan orquestado para el lucro personal aprovechando las debilidades del control municipal.
La instrucción exonera a los cuatro encausados de haberse llevado el dinero de las piscinas, y no incide en cómo fue posible que nadie en el Ayuntamiento diera la voz de alarma durante tanto tiempo.
En febrero de 2024, la alcaldesa Ana Fernández Caurel denunció ante la Comisaría de la Policía Nacional un descuadre inicial de casi 50.000 euros. Tras una revisión más profunda solicitada por el juzgado, el Ayuntamiento elevó el descuadre contable a 240.000 euros. La investigación policial detectó que, en muchos periodos, el ingreso de las cuotas de socios y de las entradas diarias era inexistente o no correspondía en absoluto con la afluencia de usuarios.
El grueso de las irregularidades detectadas se concentra en los últimos cuatro años, concretamente desde el año 2021 hasta principios de 2024, cuando se interpuso la denuncia. los agentes detuvieron a S.G.G. (el encargado de mantenimiento que realizaba funciones de gestión de ingresos) y se tomó declaración a la antigua tesorera, al interventor y al funcionario responsable de Servicios como investigados.